“El gobierno de AMLO no se tentará el corazón al juzgar al jalisciense”
Arendir cuentas. Ayer señalaba en este espacio que si había investigaciones gubernamentales en contra de Carlos Lomelí, “deberán quedar solventadas y aclaradas. Si lo logra, entonces el médico podrá dedicarse sin problemas a sus negocios, y a la política partidista que tanto le gusta”.
Bueno. Pues ayer la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma
Eréndira Sandoval, dijo abiertamente que contra el exdelegado federal de programas sociales en Jalisco hay siete investigaciones de diferente tipo, “que ya arrojan indicios de posibles conductas irregulares (…) sancionables a través de medidas administrativas disciplinarias”.
No son menores las palabras de la secretaria federal. Está claro que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se tentará el corazón al juzgar al jalisciense, y que sobre la cabeza de Lomelí penden desde posibles inhabilitaciones, hasta juicios de tipo penal.
Hay que ser precisos al señalar que hasta el momento no hay ningún cargo por parte de las autoridades federales contra el exdelegado; y si los hay, no se han dado a conocer. Lo que sí existe son señalamientos públicos de cuatro expedientes de investigación sobre las empresas “relacionadas con Carlos Lomelí Bolaños, y tres [que] indagan presuntas conductas contrarias a la legalidad” (el entrecomillado es de un comunicado de la SFP).
Son esos señalamientos públicos, dados a conocer en la Ciudad de México por Sandoval en una rueda de prensa, los que golpean al exdelegado federal. Si desde el gobierno no tuvieran certeza de posibles irregularidades por parte de Carlos Lomelí, o si hubiera el ánimo de hacerse de la vista gorda, entonces la funcionaria no hubiera hecho las declaraciones de ayer. Pero al mencionar las siete carpetas, y la posibilidad de sanciones administrativas, está claro que el mensaje es de que algún castigo caerá sobre el jalisciense.
Lo cierto es que hay que conservar la calma en este caso. Hay que esperar a conocer el resultado de las investigaciones federales contra Lomelí, y con base en ellas dar seguimiento a las consecuencias, si es que las hubiera, como lo ha dejado ver la Secretaría de la Función Pública.
Hay que esperar el resultado de las investigaciones