Transporte, las palabras y el viento

Las palabras no siempre se las lleva el viento. Frecuentemente quedan ya como testigos de las promesas y de las posturas de un gobernante. Así, el pasado 6 de diciembre, el gobernador Enrique Alfaro en su toma de posesión aseguró que “el transporte público debe volver a ser un servicio, no un negocio”. Nadie imaginaba que a pocos meses de su gestión asestaría un severo golpe a la economía de la población con un drástico aumento en las tarifas que, si nos basamos en el pago realista, será de 10 pesos (¿quién da cambio de 50 centavos?), o sea un “moderado” incremento del 40 por ciento, aproximadamente.

Justificaciones las ha habido siempre, explicaciones

fundamentadas no tanto. El hecho es que, para dar el “ejemplo”, es el propio sistema gubernamental de Tren Ligero y Macrobús quien da la muestra y ya aplica el incremento. En agosto serán diez rutas y sucesivamente hasta cubrir la totalidad del servicio en la zona metropolitana. Son las peores noticias para la población que enfrenta, como todo el país, un año de incertidumbres, despidos, bajo poder adquisitivo y por distintos motivos aumentos paralelos en muchos productos de primera necesidad. Y los que no gozan de apoyo o subsidio serán no menos del 50 por ciento.

Se trata de la enésima vez en la que, para aplicar los aumentos, se dejan de lado las promesas de revisar el cumplimiento de las condiciones pactadas y que tanto los concesionarios, subrogatarios y líderes sindicales (que a veces son lo mismo), suelen burlar una y otra vez. Ha sido la historia de toda la vida y mal para los usuarios que siguen sin ver mejoras sustanciales y que ahora tendrán que pagar mucho más por los mismos vehículos, mayoría en mal estado, con falta de higiene, conductores malhumorados y faltos de respeto a los reglamentos viales, a la normatividad ambiental, a la mínima educación y trato con sus pasajeros. Y la idea de que el transporte oficial es “bueno” dista de ser cierto y si no pregunte acerca de las estaciones, sus inoperantes elevadores, etcétera.

Para el gobernador Alfaro basta con los descuentos (que ahora también se achican) a estudiantes, personas de la tercera edad y minusválidos. Protege a medias a la burocracia, ofreciendo magnánimamente un subsidio de 10 pesos diarios. A esto, se arregla el “beneficio” a los trabajadores del sector privado con el otorgamiento de una cantidad similar mediante un “acuerdo de buena voluntad” (es decir, no obligado) con el sector patronal en el que las cúpulas empresariales, sólo ellas hasta ahora, estuvieron felizmente conformes.

Lo único cierto es que esta vez (…van cuántas), los ciudadanos afectados son los que menos fueron tomados en cuenta. No hubo ni foros ni juntas de información, ni toma de opiniones técnicas externas, ni nada. Esto, en realidad, ya no extraña tanto del gobernador Alfaro quien también en la semana que concluyó anunció el inicio de la Policía Metropolitana en la que, vamos, ni siquiera se esperó a que los ayuntamientos metropolitanos tomaran las decisiones pertinentes en el seno de sus cabildos. Esto no parece refundación, parece autoritarismo. “Va porque va”, versión local.

Siendo alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro y en contrapartida al aumento planteado por el entonces gobernador Aristóteles Sandoval, consideró en sus redes sociales que “la solución a los problemas de transporte público no es el aumento a la tarifa”. Entonces era precampaña, pero las palabras ya no se las lleva el viento.

Son las peores noticias para la población que enfrenta un año de incertidumbres