Por ejercicio indebido va la Fiscalía contra Rosario Robles
La ex jefa de Gobierno y también ex titular de la Sedatu fue citada el 8 de agosto a las 11:00 horas
El delito está castigado en el Código Penal federal con cuatro a diez años de prisión e inhabilitación hasta por diez.
La Fiscalía General de la República busca vincular a proceso a la ex secretaria de Desarrollo Social con Peña Nieto y ex jefa de Gobierno, Rosario Robles. La agencia investigadora solicitó a un juez de control del Centro de Justicia Penal federal con sede en el Reclusorio Sur vincularla a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Ese delito está castigado en el artículo 214 del Código Penal federal y es que aunque tuvo “conocimiento, por razón de su empleo afectó el patrimonio de la Administración Pública”. El castigo está marcado con 4 a 10 años de prisión y además la inhabilitación por hasta 10 años para desempeñar un cargo público.
La investigación se inició en 2018, de acuerdo con la carpeta de investigación FDE/SEIDF/ UNAI-CDMX/0001345/2018.
Además, en la cédula de investigación 009567, oficio UEIDCSPCAJ-217/2019 se pide la celebración de la audiencia inicial para Formular Imputación y Vinculación a Proceso de quien también fuera titular de la Sedatu.
En el oficio se indica que la audiencia para que Robles acuda a comparecer y escuchar las imputaciones es para el 8 de agosto y hasta se pide poderle asignar un defensor público federal para que pueda ser representada en la audiencia inicial de imputación.
Las autoridades también realizaron una investigación criminal número FGR/CMI/AIC/ PFM/DIEDF/IP/014981/2019 que fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y es en la que está basada la acusación. de la Secretaría de Hacienda ordenó congelar la cuenta de Juan Manuel Flores Athié, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con documentos oficiales, Athié se encuentra en calidadde investigado junto con otras 17 personas físicas y morales que se encuentran en la mira de la unidad.
“Imposibilitar tanto de abrir nuevas cuentas como la cancelación de las vigentes, así como impedir la disposición de los recursos que estas últimas contengan, incluyendo los casos en que alguna de las personas designadas en la presente lista aparezca como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, representante legal y/o apoderado”, instruyó la dependencia federal.