Que yo recuerde
Que yo recuerde, al menos desde la década de los sesentas del siglo pasado, el transporte urbano público de pasajeros en Guadalajara (TUPPG), siempre ha sido un problema. Diez gobernadores electos se han sucedido desde esa época y las cosas siguen igual; y si no hasta peor. Parece una suerte de maldición, pero nadie, absolutamente nadie, ha podido resolver este problema.
No se requiere demasiado esfuerzo para colegir que esa imposibilidad solo puede deberse a dos factores: 1.- quienes detentan el poder público han sido cómplices (“accionistas”) o socios políticos del pulpo camionero, y si no ambas cosas; o 2.- los gobiernos han sido sometidos por los poderosísimos intereses políticos y económicos de la mafia camionera. Detrás de todo ello solo existen dos palabras: corporativismo y corrupción.
Primero, los líderes sindicales se hicieron concesionarios; posteriormente empresarios, y hasta representantes populares. Luego, los políticos o gobernantes se auto asignaron concesiones con presta nombres y se hicieron cómplices y socios de los anteriores. Después, llegaron los chantajistas, que sabiendo de esas transas, exigen canonjías similares.
Lo peor es cuando un gobernante llega al cargo con compromisos políticos ineludibles con todos los anteriores. Por eso no se resuelve, y nunca se va a resolver, el problema del transporte urbano en Guadalajara.
El TUPPG es un gran negocio económico y político. Igual como ocurre con las minas, las playas o el espectro de telecomunicaciones, todo tiene su origen en el sistema de concesiones. Resulta increíble que a estas alturas –después de las depuraciones y arreglos que se han hecho desde el poder público- aún no podamos saber el nombre y apellidos de todos los concesionarios, incluidos los de taxis.
La historia siempre será la misma: a un alza al transporte, le seguirán nutridas protestas y manifestaciones. Y, a toda negativa de aumento, le sucederán paros camioneros.
No es el incremento al costo del pasaje, ni la congelación de las tarifa como se va a resolver un problema que no es económico, sino político: hágase público el padrón de concesionarios y transparéntese el otorgamiento de las concesiones.
A un alza al transporte, le seguirán protestas y manifestaciones