Milenio Jalisco

Ligan a 50 firmas con investigac­ión a Robles

Abogado tramita amparo contra cualquier orden de aprehensió­n y anticipa recurso de revocación para aplazar la comparecen­cia de la ex secretaria

- RUBÉN MOSSO Y JANNET LÓPEZ

La ex secretaria federal Rosario Robles solicitó un amparo contra cualquier orden de aprehensió­n que la Fiscalía General de la República (FGR) haya solicitado en su contra como parte de la investigac­ión de la estafa maestra.

Asimismo, demandó la protección a sus derechos humanos porque el Ministerio Público Federal no le informó que es investigad­a, lo que, acusó, le ha impedido tener una defensa adecuada, además de que se filtró la indagatori­a.

En entrevista con MILENIO, Julio Hernández Barros, defensor de la ex funcionari­a, aclaró que con la demanda garantías no buscan evitar que comparezca ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Sur.

“Este amparo no tiene por objeto que Rosario Robles no se presente el día 8; la idea de la defensa es presentar a Rosario, acompañarl­a y acreditar ahí su inocencia”, precisó.

Sin embargo, más tarde el abogado declaró que en las próximas horas tenía contemplad­o presentar un recurso de revocación ante el juez de control que citó a la audiencia de imputación para la próxima semana.

Con ello planea aplazar la comparecen­cia de la ex secretaria de Desarrollo Social para que pueda tener acceso a la carpeta de investigac­ión y saber de qué se le acusa.

Explicó que el delito de ejercicio indebido del servicio público que se quiere imputar a Robles, y que se conoce porque se filtró a los medios, no amerita prisión preventiva oficiosa, es decir, se puede enfrentar en libertad.

Mencionó que hasta el momento no les han dado acceso al expediente: “No sabemos los hechos que motivan la acusación, nadie nos ha llamado, nadie nos ha dado intervenci­ón, no hemos sido oídos ni vencidos en un proceso de acuerdo con las leyes mexicanas. En fin, estamos en estado de indefensió­n”, expresó.

El defensor criticó la forma en que actuó la fiscalía, “en lo oscuro, debajo de la mesa, sin darnos acceso, violando todas la nuevas disposicio­nes del nuevo proceso penal acusatorio, donde se supone que la carpeta debe estar a su disposició­n, en un proceso abierto, transparen­te y, bueno, hemos visto un proceso inquisitiv­o donde no ha habido un respeto de los desechos humanos y de las garantías de Rosario Robles”.

En mayo pasado, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que ordenó reestructu­rar la investigac­ión de la estafa maestra para indagar el desvió de 5 mil 875 millones de pesos “desde una perspectiv­a de delincuenc­ia organizada, en un posible delito de Estado”.

Lo anterior porque posiblemen­te el asunto fue encubierto, en su momento, por diversas dependenci­as, como las secretaría­s de Hacienda, Función Pública y Educación, entre otras.

Indagatori­a de la UIF

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligenc­ia Financiera, confirmó la investigac­ión de movimiento­s bancarios de una“red de funcionari­os y 50 empresas” que participar­on en la estafa maestra. Indicó que aún no hay cuentas congeladas y que no puede dar más detalles de los implicados por respeto al debido proceso.

“No puedo dar datos por el sigilo; en este momento estamos analizando 50 empresas relacionad­as con la estafa maestra. Estamos desarrolla­ndo el proceso de investigac­ión”, refirió.

El funcionari­o destacó la coordinaci­ón con la FGR y negó que se haya violado el debido proceso en el caso de Robles. “Se trata de un ejercicio de derecho de acceso ala informació­n pública… el derecho a la vida privada de los funcionari­os es más reducido cuando hay presuntos actos de corrupción”.

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