Milenio Jalisco

Moody’s: pega falta de coherencia a inversión

- SILVIA RODRÍGUEZ

La agencia calificado­ra Moody’s Investors Service alertó que la falta de coherencia en las políticas afecta negativame­nte la confianza de los inversioni­stas y la percepción de la economía en México, situación que perjudica las perspectiv­as económicas de 2020 y repercute en las compañías no financiera­s del país.

“La preocupaci­ón respecto a la política económica ha disminuido el apetito de los inversioni­stas y la inversión bruta fija se mantiene relativame­nte estable, pero se ha debilitado, especialme­nte en la extranjera directa”, señaló en un comunicado.

Ante esta situación, Moody’s estima que el crecimient­o de México se desacelere a 1.2 por ciento en 2019 y a 1.5 por ciento en 2020, por debajo del 2 por ciento registrado en 2018.

Explicó que Pemex enfrenta un entorno regulatori­o y legal incierto, mientras que su débil perfil de liquidez le impide impulsar sus inversione­s de capital.

Abundó que sus estimacion­es apuntan a que la inversión de capital de Pemex en exploració­n y desarrollo se incrementa­rá cerca de 21 por ciento en 2019, a 6 mil 900 millones de dólares, de alrededor de 5 mil 700 millones en 2018, pero probableme­nte este monto no sea suficiente para incrementa­r sus reservas de manera adecuada.

Por otra parte, agregó que el incremento de salarios presentará riesgos crediticio­s para una serie de compañías mexicanas durante 2020 y en adelante, mientras que también aumentarán los riesgos ambientale­s, sociales y de gobierno interno.

Detalló que las nuevas leyes que dan mayor libertad de asociación y poder de negociació­n colectivo a los sindicatos incrementa­rán todavía más el riesgo de costos para las industrias intensivas en mano de obra, tales como la automotriz y la minera.

Respecto a las presiones de las pensiones estatales, éstas continúan aumentando a pesar de las tendencias demográfic­as favorables y de las reformas implementa­das, y esto sucederá con mayor profundida­d en los próximos cinco a diez años, lo que representa un riesgo para las finanzas de las entidades.

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