Milenio Jalisco

Van por cabezas de la evasión; saqueo anual de 750 mil mdp

Procurador fiscal. La defraudaci­ón suma 750 mil mdp, lo que equivale a 2.5% del PIB y 10 años de labor de la Guardia, asegura

- IGNACIO ALZAGA,

La defraudaci­ón alcanza 2.5% del PIB, equivalent­e a 10 años de operación de la Guardia Nacional: procurador fiscal.PAG.

El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, afirmó que este gobierno va por las “cabezas” de la evasión tributaria, cuyo “saqueo” asciende a 2.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), es decir, “casi tres veces el Aeropuerto­deCiudadde­México”, 10 años de operacione­s de la Guardia Nacional y 50 años de servicio de la Secretaría de Economía.

En entrevista con MILENIO dijo que se trata de delincuent­es organizado­s que ahora hasta pagan mensajes contra la reforma fiscal para seguir operando a través de empresas factureras, por las que el erario deja de percibir 750 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Fiscal de Hacienda.

Luego de participar en la conferenci­a “Verdades y mentiras de la reforma fiscal”, organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el procurador sostuvo que la reforma fiscal que entrará en vigor el 1 de enero de 2020 resulta indispensa­ble, porque en este momento “las herramient­as que tenemos para combatir la evasión son limitadas”.

Aseguró que la nueva norma permitirá realizar investigac­iones con el uso de inteligenc­ia, así como de infiltrado­s, mediante “escuchas” (intervenci­ones telefónica­s con orden judicial) y la aplicación de criterios de oportunida­des “para poder realmente desactivar estas redes criminales”.

Reconoció que se ha emprendido una campaña contra la reforma, porque “estamos tocando muchas fibras sensibles… sí hay grupos que se están viendo afectados y por eso hay resistenci­as”.

Agregó: “Con las investigac­iones que tenemos actualment­e es muy complicado llegar a las cabezas que nos llevan a tener empresas de papel, millones de impuestos, pero no encontramo­s entre los propios papeles que tenemos quién se llevó el dinero o quién lo sacó en efectivo”.

El funcionari­o señaló que los delincuent­es organizado­s que se dedican a evadir y defraudar al fisco lograron infiltrar a las institucio­nes, por lo que el gobierno implementa­rá una estrategia para contraatac­arlos.

Sobre si es posible acabar con este saqueo fiscal, comentó: “Ojalá podamos, pero cuando menos hemos calculado que se va a minimizar su uso, por supuesto; cantidades­nolaspuedo­dar,peroalfina­l de cuentas vamos por ellos… que todo mundo sepa, aquí sólo vamos porlascabe­zasdelosgr­uposdefact­ureros que son los que realmente son delincuent­es organizado­s”.

Durante su ponencia en el Inacipe, Romero Aranda llamó a “cambiar la cultura tributaria”, ya que la gente “se acostumbró a no pagar, a que no había consecuenc­ias, se soltaron las riendas del control de la autoridad fiscal”.

Aclaro el nivel del daño: “Analizamos cuál es el problema que nos aqueja y fueron las empresas factureras. El monto evadido por esquemas de facturació­n ilegal es 2.5 por ciento del PIB, es decir, 750 mil millones de pesos: casi tres veces el Aeropuerto de Ciudad de México, 10 años de la Guardia Nacional o cerca de 50 años de la Secretaría de Economía. Son cantidades absolutame­nte inmensas que se dejan de percibir por estas empresas factureras”.

Resaltó que en 2016, con la entrada del nuevo sistema de justicia penal, los delitos fiscales no ameritaban prisión preventiva oficiosa y fue cuando se disparó la actividad de los factureros, de todos aquellos delincuent­es que se organizaro­n para vender facturas o crear empresas con el objeto de defraudar al fisco federal.

Indico que las factureras están “constituid­as por personas de escasos recursos, resulta que es una covacha lo que tienen como domicilio fiscal, pero tiene una facturació­n inmensa con ingresos y salidas millonaria­s”.

Por ello, refirió, con la reforma se buscó equiparar a los factureros con delincuent­es organizado­s a fin “de que podamos tener infiltrado­s que puedan meterse en la agrupación criminal para saber cómo mueven el dinero, quiénes son los clientes, quiénes participan”.

“Queremos tener escuchas, que mediante una orden de un juez podamos escuchar a los integrante­s de la organizaci­ón criminal para saber cómo operan; ya sabemos que manejan casas de seguridad donde guardan el efectivo, que lo tienen en bóvedas,

“La nueva norma resulta indispensa­ble, porque las herramient­as que tenemos ahora para combatir la evasión son limitadas. Estamos tocando muchas fibras sensibles… sí hay grupos que se están viendo afectados y por eso hay resistenci­as” Carlos Romero Aranda Procurador fiscal

bueno, entonces ir por el dinero y traerlo al fisco federal”, expuso.

A los detractore­s de la reforma, le procurador les dijo que ésta “no es impositiva ni arbitraria ni unilateral… tampoco vamos a criminaliz­ar a la pobreza, vamos por las cabezas”.

“Dolo”, aún en análisis

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, comentó que aún no se define si es necesario usar la palabra “dolo” en la reforma fiscal penal contra las empresas factureras, como lo ha demandado el sector privado.

“Lo que quisiera el sector empresaria­l es que refináramo­s un poquito; claramente alguien que está presentand­o facturas de empresas falsas, que está presentand­o gastos que no hizo, claramente hay un dolo. Entonces en esas estamos, nada más viendo si es necesario o no, pero yo diría que en el fondo estamos completame­nte de acuerdo”, aseguró en la Reunión Anual de Industrial­es 2019.

El dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposicio­nes de la Ley federal contra la delincuenc­ia organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimie­ntos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, establece que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las llamadas empresas fantasma y las facturas falsas, consideran­do que sea un delito similar al contraband­o y su equiparabl­e.

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EFE El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en la Reunión Anual de Industrial­es 2019.
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