Cae uno del gobierno de Yunes; van por 3 más
El ex subsecretario de Finanzas y Administración de Veracruz Bernardo Segura Molina fue detenido ayer por presunto ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.
El ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares calificó de atrocidad la detención y las órdenes de aprehensión que hay sobre varios de su ex colaboradores: “Lo sucedido es una atrocidad que me obliga a dar mi opinión en defensa de personas que colaboraron en mi gobierno y lo hicieron con honestidad y eficiencia”.
Detalló que un juez penal de Pacho Viejo dictó orden de aprehensión contra cuatro ex servidores de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Uno de ellos fue detenido mientras dejaba a su hijo en la escuela.
Previamente la Contraloría General del Estado les había impuesto una sanción de más de 750 millones de pesos, aunque no los acusan de apoderarse de recursos públicos o beneficiarse con los cargos.
Los ex funcionarios, a decir de Yunes, están señalados de:
“No verificar por los medios legales la procedencia del dinero, mismo que fue entregado por la PGR y que es parte de los fondos recuperados. No destinar todos los bienes y recursos recuperados al sector salud, sino solo 281 millones de pesos, destinándose el resto a equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública.
“El acuerdo que dicté para la aplicación de los recursos fue que los mismos se destinarían a los programas presupuestarios y actividades institucionales que se consideren necesarias; preferentemente a los relacionados con la reactivación del sector salud”, dijo
El ex gobernador dijo que nunca ordenó que todos los recursos fueran a Salud, pero aún así, no se causó daño al gobierno, porque el total de los recursos se aplicaron en beneficio del estado, tal y como se informó oportunamente y se hizo del conocimiento del gobierno entrante durante el proceso de entrega-recepción.
La orden de aprensión incluye a Clementina Guerrero, quién era secretaria de Finanzas. así como a Adrián Viccon Basto y Luis Francisco Virues Hernandez. Los delitos que les imputan son ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.