En 90 días, la audiencia contra tres ex secretarios
Casos. La defensa de Miguel Castro Reynoso, Salvador Rizo Castelo y Daviel Trujillo Cuevas solicitó un plazo de 90 días para aportar las pruebas que permitan demostrar la inocencia de sus clientes
Defensa de Miguel Castro Reynoso, Salvador Rizo Castelo y Daviel Trujillo Cuevas pidió el plazo para reunir más pruebas.
La audiencia que se llevaría a cabo ayer en contra de quienes fueran titulares de la desaparecida Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) en la entidad, acusados de uso indebido de funciones y atribuciones, fue pospuesta; será reanudada en tres meses.
La defensa de los ex funcionarios estatales, Miguel Castro Reynoso, Salvador Rizo Castelo y Daviel Trujillo Cuevas, solicitó al juez que lleva la causa un plazo de 90 días para aportar las pruebas necesarias que permitan demostrar la inocencia de sus clientes.
Ayer, los tres políticos arribaron a los Juzgados de Oralidad del Distrito Judicial uno, ubicados en el municipio de Tonalá, a firmar tal y como lo había ordenado el juzgador. También se tenía previsto el desarrollo de la audiencia constitucional, sin embargo, los abogados de los imputados pidieron la ampliación del término del periodo de investigación.
Al salir de los juzgados, Miguel Castro Reynoso explicó que “tiene como objeto esta ampliación, y tiene interés de parte nuestra el que podamos seguir aportando la información que sea necesaria reiterando y alegando con argumentos nuestra defensa, y por supuesto que nuestro comportamiento no incurrió en algo que fuera incorrecto”.
Por su parte, Salvador Rizo prefirió guardar silencio respecto al tema y reiteró que mantendrá un perfil bajo durante el tiempo que dure el proceso penal que enfrenta.
Los secretarios de Desarrollo e Integración Social en la pasada administración fueron vinculados a proceso luego de más de diez horas de audiencia el 14 de octubre de 2019, después de que se suspendiera el 9 de octubre.
El Juez Quinto de Control, Juan Paulo Dávalos Navarro, consideró que los agentes del Ministerio Público aportaron los elementos suficientes para considerar a los señalados como probables responsables del delito de uso indebido de funciones y atribuciones en agravio de la sociedad y la extinta dependencia estatal.
Para evitar que evadan la acción de la justicia, el juzgador determinó como medida cautelar el resguardo en el propio domicilio de los imputados, la prohibición de salir del país y presentarse periódicamente a firmar para comprobar su arraigo en la ciudad.
Durante la audiencia, el juez ofreció a los abogados solucionar el conflicto mediante un método alterno y señaló que la salida más viable podría ser un procedimiento abreviado, es decir, que los tres ex funcionarios estatales acepten su responsabilidad y paguen la reparación del daño fijada por el juez.
En ese momento, Castro Reynoso dijo sentirse “con la conciencia tranquila” y negó tener vínculo familiar o de amistad con los que encabezan las asociaciones civiles beneficiadas con 14 depósitos. El ex candidato del PRI a la gubernatura de Jalisco aseguró desconocer que las asociaciones civiles eran encabezadas por funcionarios públicos, acción que la ley considera como delito.
Castro, Rizo y Trujillo son señalados por presuntamente haber otorgado 5.7 millones de pesos a 13 asociaciones civiles, las cuales tenía entre sus integrantes a servidores públicos, durante el tiempo que estuvieron al frente de la Secretaría.
En caso de ser encontrados culpables podrían enfrentar una pena de 3 años a 12 años de prisión, aunque se pueden acoger al procedimiento abreviado, opción que ya fue planteada por el juez que lleva la causa.
Fueron vinculados a proceso el 14 de octubre del año pasado