El lastre del Poder Judicial
Uno de los efectos inevitables de la juridificación de la vida contemporánea, es la judicialización de las decisiones políticas. Ante ello, se ha cuestionado –cada vez con mayor intensidad- que un poder que no es producto del voto popular, someta a través de sus sentencias a los otros poderes elegidos popularmente.
Establecer la elección popular directa de jueces y magistrados (como lo hace Bolivia) para resolver lo anterior,implicaría “prostituir la justicia” como dijera Emilio Rabasa. Para evitarlo, se ha planteado que los otros dos poderes participen en la integración del Judicial.
Sin embargo, la “solución” nos coloca en otro problema igual o peor que el anterior cuando se establece que la designación de los magistrados debe ser atribución exclusiva del Poder Legislativo y por mayoría calificada. Veamos:
1.- En Jalisco, el Congreso del Estado emite una convocatoria a la sociedad en general, “con excepción hecha de los partidos políticos”, para que les propongan a ellos, que son los representantes de los partidos políticos, candidatos a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del estado.
2.- Como ningún partido tiene los votos necesarios para sacar un nombramiento, entonces se establece el sistema de cuotas y cuates con “rueda de la fortuna” (porque los que están abajo después estarán arriba), en el que no solo se reparten las magistraturas, sino que las venden a delincuentes o al mejor postor. El que compra uno de estos cargos realiza una “inversión” que se debe recuperar por tres o cuatro veces en el muy corto plazo.
3.- El sistema se reproduce en la integración y decisiones del Consejo de la Judicatura (o “de la caricatura”, como dijera un distinguido abogado), que lo aplica en el proceso de designación de jueces y de otros cargos,en el que los magistrados meten a sus parientes y pagan compromisos con los actores con poder de veto en el Legislativo. Así, el círculo se cierra: si los diputados venden magistraturas, entonces algunos jueces venden justicia.
Los reportajes sobre este particular publicados esta semana en dos diarios de circulación local, son tan solo la punta visible del Iceberg de corrupción en el Poder Judicial.
La “solución” nos coloca en otro problema igual o peor