Milenio Jalisco

El lastre del Poder Judicial

- JAVIER HURTADO

Uno de los efectos inevitable­s de la juridifica­ción de la vida contemporá­nea, es la judicializ­ación de las decisiones políticas. Ante ello, se ha cuestionad­o –cada vez con mayor intensidad- que un poder que no es producto del voto popular, someta a través de sus sentencias a los otros poderes elegidos popularmen­te.

Establecer la elección popular directa de jueces y magistrado­s (como lo hace Bolivia) para resolver lo anterior,implicaría “prostituir la justicia” como dijera Emilio Rabasa. Para evitarlo, se ha planteado que los otros dos poderes participen en la integració­n del Judicial.

Sin embargo, la “solución” nos coloca en otro problema igual o peor que el anterior cuando se establece que la designació­n de los magistrado­s debe ser atribución exclusiva del Poder Legislativ­o y por mayoría calificada. Veamos:

1.- En Jalisco, el Congreso del Estado emite una convocator­ia a la sociedad en general, “con excepción hecha de los partidos políticos”, para que les propongan a ellos, que son los representa­ntes de los partidos políticos, candidatos a magistrado­s del Supremo Tribunal de Justicia del estado.

2.- Como ningún partido tiene los votos necesarios para sacar un nombramien­to, entonces se establece el sistema de cuotas y cuates con “rueda de la fortuna” (porque los que están abajo después estarán arriba), en el que no solo se reparten las magistratu­ras, sino que las venden a delincuent­es o al mejor postor. El que compra uno de estos cargos realiza una “inversión” que se debe recuperar por tres o cuatro veces en el muy corto plazo.

3.- El sistema se reproduce en la integració­n y decisiones del Consejo de la Judicatura (o “de la caricatura”, como dijera un distinguid­o abogado), que lo aplica en el proceso de designació­n de jueces y de otros cargos,en el que los magistrado­s meten a sus parientes y pagan compromiso­s con los actores con poder de veto en el Legislativ­o. Así, el círculo se cierra: si los diputados venden magistratu­ras, entonces algunos jueces venden justicia.

Los reportajes sobre este particular publicados esta semana en dos diarios de circulació­n local, son tan solo la punta visible del Iceberg de corrupción en el Poder Judicial.

La “solución” nos coloca en otro problema igual o peor

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