Reforma a la justicia

Una de las transformaciones más importantes al Estado mexicano es la reforma a la impartición de justicia. Se trata de un tema complejo, pero indudablemente necesario para el avance de nuestro país. En la República, Platón pone sobre la mesa una pregunta fundamental que llega hasta nuestros días: ¿Qué necesita el hombre para vivir bien? Vivir bien tanto en el ámbito personal, como en el social. Su respuesta después de un agudo razonamiento fue: justicia. Muchos siglos después, John Locke, el padre del liberalismo, identificó, con acierto, que la vida, la libertad y la propiedad eran los derechos naturales del hombre y que delegaba en el Estado dos derechos más: el derecho a juzgar y del derecho a sancionar.

Las palabras de estos dos filósofos pueden sonar muy distantes de nuestra vida pública y de la cotidianidad del mundo actual, pero no es así. Para vivir bien los mexicanos necesitamos justicia. La vida, la libertad y la propiedad deben estar garantizadas. El país requiere instituciones sólidas y jueces y juezas incorruptibles. Lamentablemente, cada día son más los ejemplos que hablan de hechos graves en la impartición de justicia a nivel federal y local. No es posible ni correcto generalizar, pero los niveles de corrupción en la vida pública a los cuales se llegó solo son explicables con la complacencia e incluso complicidad de integrantes del Poder Judicial. Un tema de enorme preocupación es el de algunos jueces que han puesto en libertad a verdaderos presuntos responsables por cuestiones técnicas.

Cada vez con mayor frecuencia los medios de comunicación dan cuenta de un comportamiento cuestionable de integrantes del Poder Judicial, como fue el muy conocido caso de la liberación de la madre y familiares del presunto delincuente conocido como El Marro, en Guanajuato. También puede mencionarse en este recuento lo acontecido en días pasados en Puebla: una juez puso en libertad a la hermana de la esposa de El Grillo, uno de los presuntos delincuentes más peligrosos del estado de Puebla. Inevitablemente este comportamiento genera dudas de la participación de la autoridad judicial en los criterios subjetivos que asume para tomar estas decisiones. Otro ejemplo es lo que pasó en el proceso en el cual otra juez puso en libertad a quienes se había ejercido la judicialización correspondiente por haber vendido alcohol adulterado y del cual fallecieron tres personas.

Soy un convencido de la autonomía del Poder Judicial y respeto mucho todo el conjunto de decisiones que toman, porque revisan la legalidad del ejercicio de autoridad, pero sin duda que no se puede seguir así, sin revisar la conducta de quienes imparten justicia para liberar a delincuentes. Es necesario iniciar una revisión minuciosa de la impartición de justicia en México. Se trata de una revisión impostergable. Por mi parte, enviaré a la brevedad una iniciativa de reforma al Congreso de Puebla referente a este importante tema.

Hablando de justicia, el sábado se cumplen seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de la trágica noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre, un expediente más que requiere de justicia en nuestro país.