Candidatos agresores impunes
Si algo ha caracterizado al proceso electoral en curso –además de las anécdotas chuscas y dimes y diretes entre candidatos– ha sido la violencia física, verbal, de género y sexual.
Afindepreveniractosdeesanaturaleza,elConsejoGeneraldelINEaprobó,en octubre pasado, lineamientos para que lospartidospolíticossancionen,reparen y erradiquen la violencia política en razón de género. Así, deudores de pensión alimenticia; condenados por violencia familiar o delitos sexuales no deberían ser candidatos en las elecciones de 2021.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, anunció,aprincipiosdelmespasado,una estrategia para evitar que los candidatos seanagredidos,amenazadosocooptados por delincuentes, con especial atención en los estados más vulnerables.
Pese a lo anterior, a la fecha ya suman 265 agresiones a políticos y 68 candidatos, precandidatos o aspirantesasesinados.
Y, por lo que toca a la violencia de género, se han registrado 81 denuncias contra candidatos, de las cuales 25 son de carácter sexual.
De estas últimas, destacan las interpuestas contra el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, y el diputado en funciones y candidato a su reelección, Saúl Huerta, por violación sexual. En ambos casos el partido Morena los ha protegido turnando los expedientes a su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.
Sin embargo, mientras al diputado se le suspendieron sus derechos partidarios –sin aún ser desaforado y puesto a disposición de las autoridades– en el caso del senador, ese órgano partidario sobreseyó el asunto, pues afirmó que la denunciante ya había fallecido y el acusado ya no era candidato. Siendo falso el fallecimiento de la denunciante, la victima teme ahora por su vida.
Procesar una denuncia contra un candidato en los órganos internos de un partido, como si fuera una primera instancia de un juicio, es una transgresión al Artículo 13 Constitucional que prohíbe la existencia de fueros, privilegios y tribunales especiales.
No basta con suspenderle sus derechos partidarios
Los asuntos de violencia y las violaciones sexuales, deben ser tratados por autoridades competentes y no por instancias partidarias; y, a quien incurra en esas prácticas, no basta con suspenderle sus derechos partidarios o quitarle la candidatura: debe ser juzgado.