El Govern exige el ‘botín’ de los fondos europeos
Pedirá al Gobierno cogestionarlos en la bilateral del 2 de agosto
Que el referéndum y la amnistía sean exigencias «innegociables» no implica que la Generalitat vaya a renunciar a cesiones más tangibles y asumibles en el corto plazo. Así se explica la urgencia del Govern por fijar la primera reunión de la comisión bilateral entre el Ejecutivo central y el catalán, que acabará teniendo lugar el próximo 2 de agosto por expreso deseo del Gabinete liderado por Pere Aragonès, quien sí ha aceptado posponer la reactivación de la «mesa de negociación sobre el conflicto» hasta la tercera semana de septiembre.
La Generalitat –que estará representada por Laura Vilagrà, consejera de Presidencia y mano derecha del president– acudirá a la cita en busca del botín de los fondos europeos. La cogestión de las ayudas que reciba el Estado ocupará el primer lugar en el orden del día de la cumbre. Especialmente obsesionado con decidir el destino de las partidas europeas se venía declarando Aragonès ya desde la campaña electoral, consciente de la influencia que las ayudas tendrán en la recuperación económica de la pandemia.
A pesar de que para ser investido tuvo que ceder la eventual gestión de estos fondos a JxCat –será el consejero de Economía, Jaume Giró, quien los tutele si hay acuerdo con el Gobierno–, Aragonès quiere seguir presentándose ante la ciudadanía como ese conseguidor que ya antes de alcanzar la Presidencia de la Generalitat amarró cesiones de Pedro Sánchez, como la supresión de la última herramienta de control financiero de las cuentas de la Generalitat o el proyecto de armonización fiscal.
También figurará entre las exigencias del Gobierno catalán la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda de la Generalitat, que permite regular el precio de los alquileres y que ya se está aplicando en Barcelona, entre otras poblaciones. No haber reclamado la suspensión de la norma hasta que haya sentencia de Tribunal Constitucional no supone un gesto suficiente para el Govern, que quiere ver blindada una regulación de la que ERC viene haciendo bandera desde la pasada legislatura.
Tener voz propia y decisiva en el proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat –que Aena está decidida a impulsar– será la tercera de las peticiones que el Gobierno catalán trasladará a la comisión bilateral del 2 de agosto.
Las reclamaciones de calado político y tinte secesionista esperarán hasta después de la Diada.