«Es mejor una lista de dispuestos a realizar un aborto que de objetores»
Presidente de la Organización Médica Colegial (OMC). Señala que la Administración «debe hallar los mecanismos para facilitar la prestación del aborto, no trasladar la responsabilidad a los profesionales». Y apunta que al final es un problema para los gest
El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, con el fin de que pase por las Cortes mediante tramitación urgente. Uno de los aspectos que regulará la reforma de la Ley del Aborto es el acceso a la objeción de conciencia. En ese sentido, Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), opina que «un registro de objetores al aborto aporta muy poco; sería más útil un registro sobre los profesionales dispuestos a efectuar esta prestación».
Hay que tener en cuenta que uno de los objetivos que la norma persigue es que se garantice el acceso al aborto en la sanidad pública. En la práctica, según datos de 2020, el grueso de las interrupciones voluntarias del embarazo que se llevó a cabo en centros privados fueron el 84,5%. Muy por encima de los realizados en centros públicos, que fueron el 15,5%.
Según la ministra de Igualdad, Irene Montero, «todas las mujeres deben poder acceder al derecho a interrumpir de forma voluntaria su embarazo en el centro más cercano de la red pública y, por tanto, efectivamente, siempre tendrá que haber personal disponible».
Para eso, explicó Montero, «tenemos, por tanto, que regular la objeción de conciencia, igual que ya lo hemos hecho, por ejemplo, en la ley de eutanasia para garantizar ese derecho constitucional. Una vez sepamos quién es ese personal sanitario, tanto en la privada como en la pública, que objeta a la hora de realizar interrupciones voluntarias del embarazo, cada centro hospitalario y cada comunidad autónoma tendrá que garantizar que hay siempre personal disponible para practicarlas».
A falta de conocer el texto definitivo que debatirán los parlamentarios en las Cámaras, el anteproyecto de ley indica que «el rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse con antelación y por escrito».
No obstante, la norma también recoge que «el acceso o la calidad asistencial de la prestación no se verán afectados por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia. A estos efectos, los servicios públicos se organizarán siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo».
Para tal fin, «se creará en cada comunidad autónoma un registro de personas profesionales sanitarias que decidan objetar de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo». ANTECEDENTES Cobo recuerda que el Tribunal Constitucional avaló en 2014 que la Administración tiene derecho a hacer estas listas de objetores de conciencia. «Lo que nos preocupa es que con estas listas se pueda manejar información que pueda perjudicar al profesional. Además, pensamos que no son realmente útiles y que aportan muy poco: se debería saber quiénes están dispuestos, no al revés».
El presidente de la OMC recuerda que en este caso la postura que se adopta está clara: «No se objeta a un caso concreto, sino a la ley», pero que «si la Administración tiene el aborto en su cartera de servicios, debería encontrar los mecanismos adecuados para facilitarlos, no trasladar la responsabilidad a los profesionales».
En otras palabras: constituye un problema del gestor, no del médico de a pie. No obstante, a los médicos les inquieta que «en algún momento no se respete la objeción de conciencia, por ejemplo, en un entorno con precariedad laboral, aunque esperamos que se solucione pronto».
Otros cambios que regula la reforma «Nos preocupa que con estas listas se pueda perjudicar al profesional» «Inquieta, además, que en situaciones de precariedad no se respete la objeción» de la Ley de Aborto es que ni las mujeres de 16 a 18 años ni las que tengan discapacidad necesitarán el consentimiento de sus tutores legales para acceder a la interrupción. El proyecto elimina también el periodo de reflexión de tres días y la información obligatoria que se entregaba a las mujeres.
A la vez, se incorpora una incapacidad temporal para todas aquellas mujeres que interrumpan su embarazo, voluntariamente o no, con el objetivo de que se puedan recuperar de la intervención.
Otros aspectos que contemplará la norma será el acceso gratuito en los centros sanitarios de la píldora del día después, que tendrá que estar disponible en todas las farmacias, y los llamados «derechos menstruales», como la incapacidad temporal por cuadros médicos que se deriven de reglas incapacitantes.