Lesmes defiende al Poder Judicial frente a quienes lo «erosionan»

El magistrado pronuncia un discurso que sus compañeros califican de «histórico»

Un «discurso histórico» que refleja el hartazgo de un Poder Judicial maltratado por las fuerzas políticas. Así resumen fuentes jurídicas la intervención pronunciada ayer por el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General Poder Judicial, Carlos Lesmes, en el acto solemne de Apertura del Año Judicial que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. Ante el Rey Felipe VI, la ministra de Justicia, Pilar Llop, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, los vocales del Poder Judicial, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, Lesmes alertó de la «situación insostenible» que atraviesa la Justicia y exigió una «solución definitiva». «La Justicia española está siendo sometida a unas tensiones que pueden abocarla a la inoperancia y a minar la confianza que los ciudadanos tienen en ella», advirtió. El presidente lamentó que «el escenario político de estos últimos años está debilitando y erosionando» a sus principales instituciones.

eMALTRATO AL SUPREMO. En su intervención, Lesmes defendió que el Supremo es «un órgano esencial para el buen funcionamiento de nuestro Estado de Derecho», que «goza de relevancia constitucional» y que debe «poder ejercer sus competencias con normalidad». Además, hizo hincapié en el «agravio» que supone que el CGPJ pueda ahora designar a los futuros magistrados del Tribunal Constitucional pero no tenga prohibido nombrar a miembros del Alto Tribunal: «Es un agravio no solo para toda la Justicia sino fundamentalmente para los propios ciudadanos, que son los grandes damnificados en cuanto destinatarios de nuestro servicio». Lesmes indicó que «el estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia». impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo, que no admite interpretaciones», en clara crítica al Partido Popular. Pero, añadió, que el actual modelo de lección del Consejo «se ha instalado en una crisis de difícil salida por la permanente falta de entendimiento de los grupos políticos mayoritarios y por no corresponderse además con los estándares europeos en materia de consejos judiciales». «Dicho modelo genera una percepción negativa, muy generalizada, de politización, de manejo interesado por los políticos, que compromete su apariencia de neutralidad y la confianza en la Justicia (…) La reforma es por tanto ineludible y deberá abordarse con la mayor urgencia posible», subrayó mientras el Gobierno se resiste a cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.

eLA DESJUDICIALIZACIÓN DEL PROCÉS. El presidente del Poder Judicial también aludió al acercamiento del Gobierno y ERC en la mesa de negociación de forma indirecta. Lesmes, sin citar los indultos a los condenados por el 1-O, cargó contra las medidas destinadas a «neutralizar» las sentencias que «no son conformes con el interés político del momento». «La acción política precisa en ocasiones de la adopción de medidas excepcionales para solucionar, o mitigar al menos, algunos de los graves problemas que aquejan a nuestra Nación, en especial los de naturaleza territorial, pero existe el riesgo de que de materializarse esa anunciada desjudicialización lo que se acabe produciendo es una huida de la Ley (...) pues no otra consecuencia tendría el triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos frente al resto de los ciudadanos por el simple hecho de su capacidad de influencia política», destacó.

eUN MODELO AGOTADO DE CGPJ. El presidente afirmó que la renovación del Consejo «debe acometerse con urgencia y de conformidad con la legislación vigente, sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que

eLA CORRUPCIÓN. «Los jueces españoles han actuado efizcamente, con plena independencia, sin más criterio rector que aquellos que la propia Ley establece» en la lucha contra el fenómeno de la corrupción «sin que las críticas interesadas hayan conseguido debilitar a nuestra Justicia ni corroer la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales» .