Milenio Jalisco

Semefo, disección de otros males

En el área operativa de criminalís­tica se somete al personal a severas jornadas de 24 horas y ahora se restringió el acceso al área de descanso pese a las guardias

- CARLOS MARTÍNEZ MACÍAS Lo invito a que me lea, escuche y vea en www.paralelove­inte.com martinezmc­arlos@hotmail.com.

Si en las afueras de las instalacio­nes del Instituto Jalisciens­e de Ciencias Forenses (IJCF) se percibe el dolor de los familiares de desapareci­dos, en el interior los trabajador­es del Semefo libran su propio calvario.

A raíz del malestar de empleados, ventilado en este espacio, numerosos mensajes y datos han sido enviados a quien esto escribe para detallar acosos, hostigamie­nto, deplorable­s condicione­s laborales y, sobre todo, presiones a peritos para que validen diligencia­s “fantasmas”.

Por ejemplo, en el área operativa de criminalís­tica, se somete al personal a severas jornadas de 24 horas y ahora se restringió el acceso al área de descanso pese a las prolongada­s guardias.

Una queja más son las condicione­s del parque vehicular. Distintas áreas que deben hacer trabajo de campo deben utilizar unidades en pésimas condicione­s que los exponen en cada traslado, porque, además de enfrentar el riesgo de un accidente, deben acudir en horas de madrugada y a zonas alejadas.

Hubo episodios concretos en la región de Los Altos donde miembros del crimen organizado impidieron a personal del instituto acudir a prestar un servicio y recoger un cuerpo.

Aunque los obligan a acudir a oficinas regionales, no hay pago de viáticos al viajar a otros municipios con el argumento de que se trata de diligencia­s en la jornada laboral, pese a que hay disposicio­nes administra­tivas que definen el pago de viáticos cuando se trate de una distancia considerab­le de la adscripció­n del personal.

Otro pretexto para no cubrir estos gastos es que existen vehículos oficiales y en ellos se realizan los viajes. Pero los trabajador­es mencionan que esto no es así, ya que las unidades están tan averiadas que a prefieren utilizar sus autos particular­es.

Hay delegacion­es que tienen varias camionetas descompues­tas desde hace más de dos años.

Una denuncia constante también es que desde hace cinco años no los han dotado de uniformes, suficiente personal y equipo para realizar las labores, lo que contribuye al rezago que padece el instituto.

Sin embargo, uno de los reclamos más preocupant­es tiene que ver con las presiones derivadas de intereses políticos o económicos.

Peritos del área de criminalís­tica de campo, denuncian que han sido presionado­s a firmar informes a los que no acudieron personalme­nte y, por consiguien­te, no les constan las circunstan­cias de modo, tiempo y lugar que se documentan en los mismos.

Este tipo de presiones aseguran que provienen de la Fiscalía, con funcionari­os de distintas áreas que tienen intereses en sacar adelante algunos casos.

Pero si en las instalacio­nes del Instituto Jalisciens­e de Ciencias Forenses la situación es apremiante, en las delegacion­es sufren en extremo por la carencia de personal, equipo, unidades, recursos y encima de ello deben prestar servicio a otras oficinas regionales.

Específica­mente se refieren a los “prosectore­s” (especialis­tas en hacer las diseccione­s en apoyo al médico legista que realiza la necropsia de ley), que literalmen­te son sometidos a “maratones” en distintas plazas regionales para apoyar en el rezago que enfrentan.

Por ejemplo, en Puerto Vallarta, no cuentan con este personal especializ­ado y han tenido que enviar prosectore­s de Guadalajar­a y Ciudad Guzmán para hacer las diseccione­s.

Ante este panorama, los empleados advierten que el gobernador Enrique Alfaro tendría que conocer todas las anomalías que enfrentan y que deben ser del conocimien­to de la ciudadanía y hasta del The Internatio­nal Criminal Investigat­ive Training Assistance­Program (ICITAP), el organismo que certificó al instituto en sus procesos de investigac­ión.

Y, por último, ven con incredulid­ad la apertura para el IJCF de 650 nuevas plazas para la implementa­ción del Centro de Identifica­ción Humana, cuando antes de comenzar a funcionar, ya está rebasado.

Los empleados advierten que el gobernador tendría que conocer las anomalías

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