Perfilan licencias ambientales para sector minero colombiano
El nuevo gobierno de izquierda busca regular los permisos de exploración como parte de una reforma al proceso de adjudicación de concesiones, “en especial las que son a gran escala”, señala ministra
El nuevo gobierno de izquierda de Colombia busca exigir licencias ambientales para la exploración mineracomopartedeunareforma más amplia del proceso de adjudicacióndeconcesiones,segúnlaministra de Medio Ambiente del país.
“Planeamos regular las licencias de exploración, en especial las que son a gran escala”, dijo la ministra Susana Muhamad a Financial Times. En los casos en los que la exploración tenga lugar en tierras indígenas, se va a requerir una consulta previa, agregó.
“Es importante hacerlo, ya que se produjeron muchos conflictos sociales y ambientales debido a la exploración”, indicó.
Muhamad dijo que el gobierno también evaluará los títulos mineros existentes que se otorgaron sin el debido escrutinio ambiental.
“Tenemos que revisar todos los títulos mineros que se han otorgado y en especial en las áreas que son sistémicamente importantes, estratégicas y vulnerables, y tomar decisiones de fondo sobre ese título”.
Las compañías que operan en Colombia solo necesitan permiso ambiental para las fases de extracción y producción de los proyectos, aunque el gobierno considera que estos acuerdos favorables a los inversionistas ponen en riesgo el medio ambiente.
“Hay laxitud, y el cumplimiento es muy flexible”, dijo Muhamad. “Creo que tenemos que ser lo más estrictos posible”.
Colombia es el productor de carbón más grande de América Latina, cuenta con importantes yacimientos de esmeraldas, oro y níquel, y tiene el objetivo de convertirse en el tercer mayor productor mundial de cobre. En 2021, las exportaciones mineras representaron 24 por ciento del total de los envíos del país y 2.3 por ciento del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía.
Pero desde que el primer presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, asumió el cargo el 7 de agosto, el sector minero tiene motivos para estar preocupado.
P et ro hizo campaña sobre una plataforma de justicia ambiental y se comprometió a detener la exploración de gas y petróleo, aunque dio marcha atrás en esa política. Prometió supervisar la transición de la nación para alejarse de los combustibles fósiles.
Su ambiciosa propuesta fiscal, que busca recaudar fondos para programas sociales, incluye un impuesto de 10 por ciento sobre las exportaciones de petróleo y carbón cuando los precios superen 48 dólares por barril y 87 dólares por tonelada, respectivamente. El gravamen sobre las exportaciones de oro se eliminó después de las preocupaciones de que pudiera provocar un auge de la minería ilegal.
Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, criticó el impuesto en la conferencia anual del grupo empresarial la semana pasada. “Eso por supuesto tiene un impacto muy grande y no tiene precedente en la estructura tributaria de los países latinoamericanos”, dijo.
En la misma conferencia, Petro dijo que Colombia debía enfocarse en la exploración de minerales necesaria para la transición hacia las energías renovables. “En las áreas donde podamos explorar, busquemos minerales para energías limpias”, dijo. “Busquemos minerales para fertilizar la tierra”.
La semana pasada, el Consejo de Estado de Colombia, el más alto tribunaladministrativo del país, puso viento en popa al gobierno con un fallo que exige una mayor supervisión ambiental del sector minero.
El dictamen obliga a los ministerios de Medio Ambiente y Minas y a los organismos competentes a evaluar los proyectos de minería con títulos sobre áreas protegidas, el impacto ambiental de los proyectos de exploración con licencias pendientes y los proyectos no supervisados en fase de exploración.
Paul Harris, un analista minero establecido en Colombia que organiza la conferencia anual CGS, dijo que las regulaciones propuestas sobre exploración serán perjudiciales para un sector que ya tiene una de las super visiones ambientales más estrictas de la región.
“Colombia corre el riesgo de matar a su sector de exploración con mil pequeños recortes en el papeleo”, dijo el analista. “El capital fluye hacia el camino de menor resistencia. Si es demasiado difícil en Colombia, y muchas empresas piensan que lo es, entonces se irán a Ecuador o Chile o Perú”.
Harris agregó que las consideraciones ambientales deben llegar una vez que se hayan descubierto los yacimientos minerales.
“No puedo pensar en ningún otro lugar del mundo en el que el gobierno obligue a una compañía a hacer una evaluación de impacto ambiental para solicitar una propiedad de exploración. Eso va más allá de lo exagerado”.