Alimentación y Salud Pública
Luego de la experiencia global del covid-19, la vida asociada parece transitar hacia una nueva normalidad y, como era previsible, las distintas prioridades que habían sido fijadas en la agenda pública durante el periodo previo de la pandemia comienzan a ser retomadas. Lo anterior es particularmente válido para el ámbito de la salud pública. No es fortuito el reciente acuerdo adoptado por el Consejo Estatal para la Prevención Integral y Combate para la Obesidad, Sobrepeso
y Trastornos de la Conducta Alimentaria en Jalisco a fin de llevar a cabo mesas de trabajo con el propósito de proponer bases para la elaboración de la política pública que será enviada al Congreso del Estado durante los primeros meses del siguiente año (MILENIO JALISCO, 23 de septiembre).
Este es uno de los catorce asuntos públicos que conformaron la colección “Jalisco ante el covid-19: problemas, retos y propuestas” editado por El Colegio de Jalisco (2020), en el que se buscó reflexionar acerca de las orientaciones de salud pública que resultaban urgentes para la atención de la diabetes mellitus, enfermedad crónica identificada como la primera causa de muerte tanto para hombres como mujeres en Jalisco por el estudio Jalisco a futuro de la Universidad de Guadalajara (2019).
En este trabajo esbozamos los componentes de lo que se definió como una estrategia proactiva para la gestión del conocimiento en el estado de Jalisco, apoyada en el uso intensivo de la tecnología y orientada fundamentalmente a elevar la capacidad de respuesta de los gobiernos y las administraciones públicas tanto del estado como de los municipios, frente a los desafíos de salud pública de la población con padecimientos derivados de esta enfermedad.
En concreto, se recomienda el despliegue de una red de colaboración interinstitucional y territorialmente descentralizada a nivel municipal, capaz de desplegar diversas acciones preventivas entre los pacientes y población objetivo, conforme a protocolos de actuación previamente definidos de acuerdo con las buenas prácticas reconocidas a nivel internacional y un estricto apego a la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales.
Se recomienda el despliegue de una red de colaboración