¿Y el derecho humano a la movilidad?
En los últimos años ha proliferado la idea de que los espacios públicos son gubernamentales y que las autoridades tienen el derecho de concesionarlos a particulares de su predilección. Esto se demuestra al menos por lo siguiente:
La red de ciclovías -destruida y vuelta a construir hasta tres veces en ciertos tramoscuenta con 257 kilómetros que atraviesan principalmente zonas donde habitan personas con alto poder adquisitivo, violando para todos quienes habitamos enestaurbeelderechohumanoaunamovilidad eficiente,consostenibilidad,inclusión e igualdad, garantizado en el Artículo 4to Constitucional, por estrangular el tráfico, aumentar la contaminación y discriminar la zona oriente de la ciudad.
En esa infraestructura ciclista construida esencialmente para el Programa Mi Bici, según datos del IMPEPLAN, se realizan 12 mil 720 viajes semanales o mil 827por día (Mural 25 de mayo 2022). Por su parte el Programa MI Bici, tiene 109 mil usuarios registrados por año, que pagan 428 pesos por usar 3,200 bicicletas “públicas”, lo que arroja un ingreso de más de 46 millones de pesos al año para un particular.
La operación del programa, el gobierno la cede a la empresa BKT, en la que uno de los socios es hermano del anterior coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, que en agosto de 2020 compitió por el contrato con otra empresa, donde uno de los propietarios es socio de quien hasta agosto del año pasado era Secretario de Desarrollo Económico. La primera ofrecía el servicio por 36 millones y la segunda en 27, y ni así se lo dieron a la última. Las ciclovías, lo que han hecho es privatizar para uso exclusivo de una empresa y unos cuantos ciclistas casi 300 kilómetros de vías públicas (¡y ya dijeron que van por más!).
Pero resulta que esa misma empresa es la misma que ha inundado de bolardos la ciudad (tan solo en el Centro de Guadalajara son más de cinco mil, que costaron más de 10 millones de pesos) colocándolos a veces a media banqueta o tan próximos uno del otro que impiden el paso de una silla de ruedas.
Se critica la militarización de la vida pública de México, pero nada se dice de la afectación del derecho humano a la movilidad, por privatizar los espacios públicos y convertir a la ciudad en un negocio.
Nada se dice de la afectación del derecho humano a la movilidad