Transparencia a debate
L a semana pasada escuchamos el debate de los candidatos por la gubernatura de Coahuila. Durante la primera parte del foro los ánimos estaban tranquilos, casi sin sobresaltos. Fue hasta el bloque donde hablaron de transparencia y rendición de cuentas que la discusión subió de tono y los descalificativos resonaron con más frecuencia.
Propuestas para mejorar los niveles de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, se presentaron, pero fueron insuficientes. En su afán por defenderse o atacarse quedó evidenciado su poco conocimiento en los marcos jurídicos de fiscalización, transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción.
Intentaron darnos gato por libre, pues muchas de las planteamientos allí expuestos son ahora una obligación de nuestros marcos jurídicos. Es decir, con conocerlos, implementarlos y cumplirlos a cabalidad, seríamos testigos de cambios significativos en la administración pública. Ellos tendrían que ser los primeros en honrarlos y con su desempeño, poner el ejemplo.
La pregunta que algunos tuvieron la intención de responder fue: ¿Qué acciones proponen para mejorar los esquemas de fiscalización y auditoría del gasto público de los entes gubernamentales de Coahuila?
Pese a los exhortos del moderador Carlos Puig, de explicar los cómos y evitar los contraataques, las respuestas más cercanas al cuestionamiento fueron: “acabaremos con la simulación”, “requerimos contratos públicos transparentes”, “vamos a reconstruir las instituciones”, “crearemos una fiscalía con autonomía”, “tendremos el facebook de la transparencia”.
Mencionaron la necesidad de atender los marcos jurídicos en torno al tema, sin embargo asombra que los candidatos con menos posibilidades de ganar la elección hayan tenido un mayor conocimiento sobre los mecanismos existentes que empoderan a la ciudadanía.
Se destacaron algunas ideas: que los comités ciudadanos designen a los integrantes del ICAI, que el comité de participación ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción designe al fiscal, y una aplicación sistemática de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.