BRASIL SE POLARIZA ANTE EL JUICIO CONTRA LULA DA SILVA
Mientras no haya pruebas, las acusaciones contra el ex presidente siguen atizando el debate político
El extenso interrogatorio a Lula da Silva por el juez Sérgio Moro el miércoles en Curitiba (sur), polarizó aún más las posiciones sobre la responsabilidad real o supuesta del ex presidente brasileño en el mayor escándalo de corrupción de Brasil conocido como LavaJato.
Culpable o inocente. Víctima de una persecución política o artífice de la red de sobornos pagados por constructoras a políticos para obtener contratos en Petrobras: casi no existen posturas intermedias sobre Lula y los cinco casos judiciales que enfrenta.
Para Nuno Coimbra, investigador en la Universidad de Sao Paulo, existe una “disputa de narrativas” sobre el papel del cofundador del PT (izquierda) en el escándalo. Por un lado, una visión según la cual “existe una persecución política para impedir que Lula sea candidato en 2018”. Del otro, la de quienes afirman que “todo ese esquema de corrupción que se está develando, tiene como uno de los principales responsables al PT y a Lula”, porque estuvieron en el poder en los últimos 13 años, de 2003 a 2016, cuando se dio el escándalo.
En la causa en cuestión, Moro busca determinar si Lula (20032010) es propietario de un tríplex en el balneario de Guarujá, en Sao Paulo, que habría recibido de la constructora OAS a cambio de “ventajas indebidas”. Lula alega que el apartamento no le pertenece aunque su esposa Marisa Letícia, fallecida en febrero, pudo manifestar algún interés por el mismo.
Los grandes diarios —denunciados por Lula durante el interrogatorio como parte de una “cacería” lanzada en su contra— apuntaban ayer que Lula intentó responsabilizar a su mujer y muchos ironizaron sobre su argumento de que “nadie sabía” de la corrupción en Petrobras antes de que estallara el escándalo en 2014.
Críticas compartidas en Curitiba, la “capital de la Operación Lava Jato”, que ya llevó a la cárcel a decenas de empresarios y políticos de mucha y de poca monta.
El expediente, conocido como el “apartamento de Guarujá”, es una de las cinco acusaciones que hasta el momento pesan contra Lula por corrupción pasiva, lavado de dinero, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.
“Si cometí un crimen, pruebe que cometí un crimen. Expóngalo a la sociedad y Lula será castigado como cualquier ciudadano (...). ¡Pero por el amor de Dios, presenten una prueba! ¡Preséntenla, y ya basta del dicen que dicen!”, exclamó Lula en los momentos finales de la audiencia ya que, en efecto, aún no se ha presentado ninguna prueba de las acusaciones.
La defensa de Lula —que dejó el poder en 2010 con 80% de popularidad— sostiene que el juez Moro esconde “intenciones políticas” y que el proceso busca dejar a su cliente fuera de las elecciones de 2018, en las que Lula, de 71 años, pretende volver a competir cuando encabeza las intenciones de voto en las encuestas hasta en un 25%.
“No fue un interrogatorio normal, no solo por el carácter político de las preguntas formuladas, sino también por diversos pronunciamientos del juez a lo largo de la audiencia que mostraron que claramente es una persona que prejuzga al ex presidente”, asegura la defensa.