Violencia contra periodistas, botín de gobiernos y legislaturas
l mensaje de Enrique Peña Nieto, tras el asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, y de Javier Valdez, fundador de Ríodoce, en Sinaloa, desató un alud de anuncios en los gobiernos estatales para “proteger” a periodistas, para hacer leyes que sí garanticen la libertad de expresión, así como foros y reuniones con el gremio, en un afán por acallar las protestas y los llamados que surgen de todo el mundo.
Los anuncios, al igual que la respuesta de Peña Nieto, del 17 de mayo, ante la crisis desatada por el asesinato de los dos periodistas en menos de un mes, insisten en recrear o “mejorar” los mismos mecanismos que ya demostraron su ineficacia, inoperancia u omisión ante la violencia contra las y los periodistas.
El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), creada hace cinco años, y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) de 2010, no han resuelto la crisis de derechos humanos en el gremio.
Durante el sexenio de Peña Nieto, 46 informadores han sido asesinados. Del año 2000 a la fecha suman 127: en Veracruz 20, 15 en Oaxaca, 14 Tamaulipas, igual cifra en Guerrero y Chihuahua, y siete en Sinaloa. Hay 645 quejas por agresiones ante la CNDH, de enero de 2010 al 30 de abril de 2017. Y de 2005 a la fecha, CIMAC registró 19 comunicadoras asesinadas; una agredida cada cuatro días, de 2014 a 2015.
Triste ejemplo de su ineficacia es el asesinato de Miroslava, el 23 de marzo pasado, pese a la “Alerta Temprana” decretada por el Mecanismo en agosto de 2016 para Chihuahua, segunda entidad con más periodistas ultimados.
La Feadle tiene integradas 798 averiguaciones previas, sin un solo caso resuelto.
Sin embargo, Peña Nieto ordenó en Los Pinos “fortalecer” el Mecanismo y la Feadle, y dar recursos a ésta, porque en 2017 no le asignaron presupuesto.
Igual sentido tienen las acciones anunciadas por gobiernos estatales, en vísperas de los comicios presidenciales de 2018, de inmediato cuestionadas por periodistas, quienes las califican de inadecuadas y oportunistas.
Oportunistas, porque antes esas mismas administraciones se mostraron indolentes y omisas ante las reiteradas advertencias, peticiones de apoyo y denuncias por actos de violencia contra periodistas.
También porque hay desconfianza en la justicia local, lo que provoca que 36 por ciento de las peticiones de apoyo ante el Mecanismo federal provengan de periodistas locales. Y porque los llamados a diálogos y foros se dan solo en situaciones coyunturales o convenientes para las administraciones, o bien solo con periodistas afines.
Informadores de varios estados consultados por esta agencia, reportan la inédita y coordinada acción gubernamental y su previsible fracaso, que puede redundar, desafortunadamente, en más agresiones.
Problema estructural, anuncios al vapor
En Tamaulipas, donde no existe fiscalía especializada ni mecanismo de atención, el 9 de mayo presentó el PRI un proyecto de ley para proteger al gremio. Una “iniciativa
copy-paste de la ley federal pero mutilada”, dicen, que excluye a organizaciones y periodistas.
En Sonora, sin fiscalía especial, la gobernadora Claudia Pavlovich anunció, tras una reunión de emergencia, que activará los mecanismos de seguridad. El 24 de mayo se presentó una iniciativa ante el Congreso local.
En Quintana Roo, más de 100 comunicadores mantienen su oposición a que sea revivida la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de agosto de 2015, conocida como
LeyBorge, cuyo fin era “entorpecer el ejercicio periodístico” y que fue impugnada por la CNDH ante la SCJN. Anuncian que convocarán a foros para hacer otra propuesta.
Periodistas de Querétaro acusan que el gobierno pretende crear una ley “para censurarnos”.
En Morelos, el 22 de mayo, el Foro de Periodistas solicitó una reunión urgente con el gobernador Graco Ramírez y una respuesta oficial “ante la actuación de un servidor público señalado como agresor de reporteros”.
El gobierno de Tabasco, donde un funcionario de la fiscalía estatal considera que ahí no hay riesgo para periodistas porque no hay periodismo crítico ni de investigación, promete “sensibilizar” a autoridades municipales, varias señaladas como agresoras de periodistas. Impulsarán también una ley.
Campeche no tiene fiscalía ni “mecanismo alguno para su protección”. Lo mismo sucede en Puebla, donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha rechazado solicitudes de apoyo.
En Veracruz, estado letal para periodistas y para la libertad de expresión, existe la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, ineficaz y sin dientes. Incluso el Congreso habla de desaparecerla.
En Guerrero, sin la presencia de periodistas ni víctimas, el gobernador Héctor Astudillo anunció seis medidas, tras el asesinato de Francisco Pacheco y Cecilio Pineda, y de la agresión a seis reporteros en Acapetlahuaya.
En Tlaxcala, el jueves anunciaron una instancia judicial para atender a periodistas. Y en Guanajuato, PRI y PAN intentaron aprobar una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, congelada hace tres años. Fue rechazada en el Congreso. Más que ayudar, dicen periodistas, vulneraría más nuestro ejercicio.
En Nuevo León, el gobierno instaló un comité para evaluar y determinar las medidas de seguridad de 33 periodistas y activistas.
A las medidas gubernamentales se suman empresarios de medios, quienes en una acción inusual emitieron condenas y parabienes, para que sus empleados no sean asesinados mientras les producen riqueza.
El futuro
Al anuncio de Peña siguió, al día siguiente, la noticia de un periodista muerto en Jalisco y otro levantado en Michoacán, lo que reafirma la insuficiencia de mecanismos actuales.
No son eficaces, dice el Consejo Consultivo del Mecanismo, en un comunicado del 26 de mayo, al igual que muchos periodistas, porque estamos ante un problema estructural. De ahí que un grupo de periodistas y organizaciones civiles llamen a foros para cambiar y que el ser periodista en México no entrañe peligro de agresiones y muerte.