stá claro que los procesos electorales mexicanos están lejos de la perfección que la mayoría desea. Es evidente que —igual que en el mundo entero— partidos y políticos buscan los resquicios legales para tratar de hacer trampa.
Y el mejor ejemplo lo conoció el mundo apenas hace meses, cuando en las presidenciales de Estados Unidos, el candidato Donald Trump hizo tal cantidad de trampas que hoy podrían costarle el cargo.
También es cierto que nada justifica a partidos, candidatos y políticos tramposos, y que —paradojas del poder— está en manos de los propios políticos cambiar las reglas del juego —tantas veces como sea necesario— para alcanzar las leyes electorales deseables.
Sin embargo, nadie puede negar que en México el invento de un supuesto fraude electoral se ha convertido en una rentable industria de millones de pesos y que ha servido no para hacer nuevas y mejores leyes, sino para la construcción de figuras políticas que —otra vez paradojas del poder— son posibles gracias al maniqueísmo electorero y al grito de ¡fraude, fraude!
Pero son los propios políticos quienes aportan la mejor prueba de que “¡el fraude…!” es una industria rentable.
Cuando pierden, todos han gritado y gritan “¡fraude…!”. Pero cuando ganan, todos se quedan callados, aun en la misma elección en la que supuestamente se cometió el fraude.
Es decir, el reclamo de “¡ fraude…!” es una exigencia convenenciera, oportunista, “engañabobos”, que lo mismo sirve para justificar mentiras y engaños de periodistas, analistas, intelectuales y militantes que se equivocan o inventan, que sirve para construir supuestos luchadores sociales. AMLO, por ejemplo, se inventó —lo inventó La Jornada— a partir de dos supuestos fraudes del PRI en Tabasco. Curiosamente, el único caso en el que AMLO ganó una elección, fue gracias a un fraude pactado con Ernesto Zedillo, ya que AMLO no cumplía la residencia para competir por el GDF. Pero en México el fraude viene de lejos. En 1952, Ruiz Cortines llegó a Los Pinos acusado de fraude por Miguel Enríquez. En 1982,
Manuel Bartlett y Elba Esther Gordillo orquestaron el fraude contra Francisco
Barrio en Chihuahua. En los 70, Bartlett le robó al PPS el gobierno de Nayarit, a cambio de una senaduría. Bartlett orquestó “el gran fraude” de 1988, que hizo presidente a Carlos
Salinas. En 1986, de nuevo Bartlett, ahora orquestó el fraude en Huejotzingo, Puebla. Hoy Bartlett es el preferido de AMLO, el que en cada elección grita “¡fraude…!” Luego del supuesto fraude de Salinas a
Cárdenas, en las presidenciales de 1988, el PAN de Luis H. Álvarez y Carlos Castillo pactó la entrega de los gobiernos de Baja California, Guanajuato, San Luis Potosí y Jalisco. El fraude como moneda de cambio para la alternancia.
La industria del fraude llevó a Salinas, a través de Manuel Camacho, a entregar 9 mil millones de pesos a AMLO para que levantara un plantón en el Zócalo. El fraude como negocio.
En 2006, AMLO cuestionó rabiosamente el resultado electoral en la elección presidencial. Curiosamente, nadie cuestionó la elección de Congreso, llevadas a cabo en las mismas casillas, contadas por los mismos ciudadanos y calificadas por las mismas autoridades. El fraude engañabobos.
Hoy, periodistas, articulistas y “estudiosos” de la realidad política se escandalizan por el supuesto fraude en las elecciones del pasado 4 de junio, pero son abundantes las muestras de que muchos de ellos no tienen la menor idea de lo que dicen, de lo que hablan y del daño que le hacen a la democracia cuando inventan para justificar sus mentiras.
Y es que en medios, en redes, informativos y espacios de opinión abundan los intereses y la militancia partidista de opinantes, quienes contribuyen a confundir, engañar y sembrar odio entre los ciudadanos.
En realidad, la industria del fraude se ha convertido en protesta a modo, a conveniencia, para obtener mayores ventajas electorales, si no es que para engañar a ciudadanos y tribunales, para ganar en la mesa lo que no pueden ganar en las urnas.
Pero el problema no solo son los partidos, los políticos y la democracia. El problema son (somos) los ciudadanos, responsables de llevar al poder a lo peor de la política y los políticos.
Por ejemplo, resulta impensable que los más preparados, los que tienen “licenciatura o más”, hayan sido los que más votaron por
Delfina Gómez, mientras que en Estados Unidos los menos preparados, los más ignorantes, llevaron a Trump al poder.
La lección parece clara. Los ciudadanos —y no solo los partidos— son (somos) culpables de la corrupción y de llevar al poder a los corruptos.
Al tiempo.