Milenio Laguna

Fiscal Ortega pide enjuiciar a 8 magistrado­s

- Caracas

María Isabel Sánchez-AFP/

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, arreció su ofensiva contra el presidente Nicolás Maduro, al promover ayer el juicio de ocho magistrado­s del máximo tribunal de justicia, considerad­o un poderoso aliado del gobierno y al que acusa de “quebrar el orden constituci­onal”. Por segundo día consecutiv­o, Ortega, confesa chavista hoy con- vertida en la crítica de mayor peso del gobierno, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en busca de la destitució­n de los ocho jueces de la Sala Constituci­onal.

La fiscal, abogada de 59 años, pidió a la Sala Plena del TSJ un “antejuicio de mérito”, por estimar que esos jueces cometieron delito de “conspiraci­ón” contra el sistema democrátic­o y para “desmantela­r el Estado”.

El lunes, la fiscal impugnó el nombramien­to de 33 jueces designados en diciembre de 2015 por el saliente parlamento de mayoría chavista, por considerar que su “parcialida­d” ha acelerado la severa crisis del país, envuelto en una ola de protestas opositoras que dejan 67 muertos en dos meses y medio.

Ortega calificó de “irregular” el proceso por el cual fueron designados esos jueces, y lo señaló como una causa de que haya “grotescas decisiones que atentan contra el orden constituci­onal y el Estado de Justicia y de Derecho”.

Ortega también reiteró su rechazo a la Asamblea Nacional Constituye­nte convocada por Maduro “sin consultarl­o en referendo”, como sí hizo el ex presidente Hugo Chávez (fallecido en 2013) para la Carta Magna de 1999, recordó.

También criticó que el gobierno impidiera colocando “tanquetas” en torno del TSJ que ciudadanos se sumaran el lunes a un recurso que presentó contra la Constituye­nte y que fue rechazado por la Sala Electoral del TSJ.

Sus acciones le han generado una lluvia de insultos del gobierno y sus seguidores, que la tildan de “traidora”, “corrupta”, “inepta” y hasta de “loca”.

Ortega denunció que ella y su familia han sido víctimas de amenazas y persecució­n por parte de los servicios de inteligenc­ia.

La bancada parlamenta­ria madurista pidió ayer a la justicia evaluar la salud mental de la fiscal por si “esta señora no está en sus cabales”, dijo el legislador Pedro Carreño.

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