Espionaje, delitos, Raúl Cervantes y la carabina de Ambrosio

Vivo en un país en que al responsable de perseguir los delitos no le importa perseguirlos cuando hay posibilidad de que los haya cometido el gobierno que le dio la chamba. Primero, los hechos. El lunes conocimos un informe detallado producto de una larga investigación encabezada por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, en que se probó que periodistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil y activistas habían recibido mensajes de texto cuya intención era que hicieran clic en una liga que lleva a un servidor que daría acceso, a quien lo hubiera enviado, a todo el contenido de sus teléfonos inteligentes.

La investigación de más de 80 páginas, en la que participaron también organizaciones y expertos mexicanos, probó que esa forma de intervención es un software de nombre Pega-

sus, que hace la empresa israelí NSO. Sabemos también que esa empresa únicamente, insisto, únicamente vende ese software a gobiernos. Sabemos que una de las ventajas de Pega

sus es que es casi imposible rastrear quién mandó el mensaje u obtiene la información si la víctima hace clic.

Sabemos que diferentes dependencias del gobierno federal y algunos gobiernos estatales han adquirido el software. Bien. A partir de esos hechos, lo que hay son (muy) probables delitos.

Si quien mandó los mensajes fue el gobierno federal o algún gobierno estatal, hay delitos. Los gobiernos solo pueden hacer eso con una orden judicial.

Si no fue un gobierno, sino un privado, pues les robaron un software que ellos compraron y solo ellos pueden tener, así que hay que aumentar el delito de robo al gobierno.

Si Pegasus está siendo utilizado por alguien en el gobierno federal o en un gobierno estatal sin permiso de sus jefes, pues aumenten otro delito que tiene que ver con las responsabilidades de los funcionarios públicos.

Si al procurador le interesara perseguir el delito, pues lo hubiéramos escuchado el mismo lunes, o ayer, anunciando el inicio de una investigación, acompañada de recursos y urgencia, sobre quién cometió los delitos que, no hay mucha duda, se cometieron.

Todo esto, si el señor que trabaja de procurador quisiera perseguir delitos. Unos tan graves como los que describe el informe del lunes.

Pero no. Lo único que tuvimos fue un gobierno que nos dijo, a través de un funcionario menor, que no había pruebas, que pasáramos a la ventanilla 34 y que… lero, lero.

En este país vivo.