Estados ponen en jaque la lucha anticorrupción: SFP
ARafael Montes/ rely Gómez, secretaria de la Función Pública, advirtió que la falta de homologación de las leyes anticorrupción de las entidades pone en riesgo la consolidación de la lucha contra ese delito. De acuerdo con el Semáforo Anticorrupción que utilizan organizaciones ciudadanas para monitorear el avance de los estados para la conformación de sistemas locales anticorrupción, Tabasco, Campeche y Chihuahua todavía no reforman sus constituciones para igualarlas con la reforma federal.
Apenas 11 estados tienen sus leyes reglamentarias necesarias para continuar con el desarrollo de sus sistemas anticorrupción, pero el resto todavía no avanzan en ese proceso legislativo.
Durante la primera plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, Gómez dijo que las inconsistencias en el marco legal federal y estatal, las dificultades técnicas para poner en marcha la Plataforma Digital Nacional y las insuficiencias financieras para echar a andar las instituciones que combatirán la corrupción son los riesgos principales para la consolidación de esos sistemas.
Informó que en la sesión del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización se enlistaron los riesgos que se deben tener siempre presentes para plantear su neutralización como un objetivo específico.
“Los temas que acabo de mencionar dejan ver la complejidad de nuestra tarea, pero estoy segura que en conjunto contamos con la experiencia, las capacidades y la información suficiente para dar cumplimiento de manera permanente a los objetivos que se nos han planteado y que hemos asumido como propios”, aseguró.
Piden respeto
Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, exigió a los gobernadores y a los congresos locales respetar la autonomía y la independencia de las auditorías estatales, pues dijo que hay indicios de sujeción a intereses políticos.
“Es preciso que los ejecutivos estatales tengan claro que la existencia de entidades fiscalizadoras autónomas e independientes constituye un elemento generador de confianza y un blindaje institucional contra posteriores acusaciones de irregularidades con objetivos políticos.
“Hay casos en los que se han dado indicios sobre la sujeción de los auditores a los intereses del titular del Ejecutivo local o a la injerencia partidista, los cuales han devenido en posibles actos de corrupción”, aseguró.