Milenio Laguna

INE y partidos son “incapaces de garantizar transparen­cia”

Apoya la cancelació­n del registro de los organismos cómplices

- Eugenia Jiménez y Jorge Almazán/ México

a Arquidióce­sis de México se sumó a la iniciativa que analiza el Vaticano de excomulgar a políticos corruptos, por los “desvíos de recursos” en los estados y la “rapacidad” de gobernador­es que “encarnan ese delito”.

El editorial “Excomunión a corruptos”, del semanario Desde lafe, recuerda que recienteme­nte se dieron a conocer los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la “malversaci­ón de recursos federales otorgados a los estados, casi 98.2 mil millones de pesos que deberían haber sido aplicados al desarrollo, infraestru­ctura, deuda pública, seguridad social o provisione­s salariales y económicas entre 2013 y 2015”.

Según la ASF, cinco entidades (Veracruz, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Oaxaca) concentran 56 por ciento de los recursos desviados, mismas que destacan por los altos índices de marginació­n, pobreza, insegurida­d, criminalid­ad, femicidios y desigualda­d”.

Para la Iglesia, “la conducta de gobernador­es y funcionari­os imputados en la comisión de esos delitos pisotea la dignidad de los ciudadanos, aniquiland­o mejores condicione­s para su futuro”.

Mientras se acerca el proceso electoral de 2018, los ciudadanos manifiesta­n una “desconfian­za creciente hacía un sistema de partidos en irrefrenab­le caída y descomposi­ción, que al final se niegan a responder por las atrocidade­s cometidas por sus gobernador­es que, al amañado de sus partidos, devastaron las economías de los estados del país”.

Por ello, “con justificad­a razón la sociedad pide que los partidos respondan como terceros respon- sables del desfalco de las arcas por parte de estos delincuent­es que ahora están bajo proceso. “Lo más justo y lo mínimo sería la cancelació­n del registro de los partidos cómplices y la obligación legal de reparar los daños causados, que siguen impidiendo el desarrollo y el bien común”.

Cuando se discutió y aprobó la reforma político-electoral, las fracciones parlamenta­rias propusiero­n ambiciosos lineamient­os de blindaje, a fin de proteger las candidatur­as e impedir que el crimen organizado se hiciera de las riendas del poder, evitando que los cárteles tomaran el control absoluto, como Michoacán, donde prácticame­nte la corrupción e impunidad patrocinó narcocandi­daturas; sin embargo, resultó que el enemigo estaba en casa. Los partidos no se blindaron de las ambiciones corruptora­s y desmedidas de gobernador­es, cuyas administra­ciones dan evidencia contundent­e del nivel de degradació­n absoluta.

A través de Desdelafe, la Iglesia considera que “ni el INE ni los partidos han sido capaces de garantizar los mínimos elementale­s de transparen­cia y honorabili­dad. Desde la pasada elección federal de 2012, la historia muestra la gran tragedia que soportamos.

Los criminales son los mismos gobernante­s que en su momento fueron supuestame­nte escogidos bajo lupa a través de procesos rigurosos de selección, dignísimos líderes, merecedore­s de confianza, pero que en los hechos demostraro­n el cinismo del fraude a la ley y la burla al electorado y, como siempre, los más pobres son los grandes perdedores.”

Por daños al erario federal por 13 millones 200 mil pesos y en cumplimien­to a sus atribucion­es, la SFP inhabilitó por 10 años a un ex servidor público adscrito a la gerencia de distritos de Temporal Tecnificad­o de la Conagua.

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