El fuero y la incongruencia
Finalmente Coahuila se sumó a las entidades federativas que han eliminado el fuero, esa figura jurídica obsoleta que representa protección e impunidad para servidores públicos desde gobernador y diputados, hasta alcaldes y regidores y síndicos.
Paradójicamente, en la sesión del Congreso Local realizada ayer, los diputados por el PAN, la UDC y el PPC, que incluso habían enviado iniciativas encaminadas precisamente a la desaparición del fuero, votaron en contra de su eliminación. Pusieron como pretexto que no se incluyeron propuestas suyas como el caso de la revocación del mandato.
Pero se dejaron fuera por contravenir la ley general y disposiciones constitucionales, y por considerar que en 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución en torno a una controversia fundamentada en que la figura de la revocación del mandato no la incluye la Constitución General de la República.
Así, panistas y demás perdieron la oportunidad de haberse sumado al voto por la supresión del fuero y pasarán a la historia como simpatizantes de que se mantuviera esta figura. Con el voto priista Coahuila se suma a entidades como Jalisco, Baja California, Nuevo León, Campeche, Guanajuato, Veracruz, Quintana Roo, Querétaro y Nayarit. Con ello, los funcionarios deberán enfrentar la justicia sin juicios previos cuando vulneren o transgredan algún ordenamiento jurídico.
El caso del fuero formó parte de un paquete de leyes que conforman el sistema estatal anticorrupción, dentro del cual el Congreso Local aprobó la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, la actual Procuraduría General de Justicia del Estado se transforma en Fiscalía General. Y la Auditoría Superior del Estado tendrá nuevas atribuciones.
Faltan otras entidades federativas de entrarle a la eliminación de estos privilegios, pero está pendiente también el gobierno federal, no obstante el compromiso de la Presidencia de la República con los partidos de oposición en el marco del Pacto por México hace ya cinco años. La iniciativa está atorada en el Congreso de la Unión pero deberá avanzar en la medida en que más entidades federativas desaparezcan de sus marcos jurídicos la figura del fuero.