Empresas gastan 1.6 mdp en corrupción, revela encuesta
Quintana Roo, Colima y San Luis Potosí, las entidades donde más cuestan los procesos
Un total de mil 600 millones de pesos gastaron en actos de corrupción las unidades económicas (que llevan a cabo la producción de bienes y servicios) del sector privado, al realizar trámites o solicitudes ante autoridades durante 2016, en donde el costo promedio por cada sector fue de 12 mil 243 pesos, reveló la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (Encride) 2017.
Asimismo se observó que la microempresa usó recursos para esta actividad, en promedio 9 mil 84 pesos; la pequeña, 35 mil 58 pesos; la mediana, 84 mil 806 pesos, y la grande, 48 mil 425 pesos.
En tanto, el sector comercio desembolsó en promedio 11 mil 416 pesos; el industrial, 15 mil 776 pesos, y el de servicios, 11 mil 834 pesos.
Respecto de los estados, Encride señala a Quintana Roo como la entidad donde el costo promedio por corrupción va desde los 30 mil 700 a los 262 mil 800 pesos por unidad económica; siguen Colima, de 22 mil 500 a 65 mil 100 pesos, y San Luis Potosí, de 23 mil 700 pesos a 39 mil 400 pesos.
Ante ello, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que “el ahorro que hemos tenido hasta hoy como gobierno federal en materia regulatoria son más de 180 mil millones de pesos, así que no me sorprende la cifra (de mil 600 millones de pesos), y lo importante es lo que hemos logrado en ahorros.
En la presentación del documento, acotó que lo más importante de la cifra “es que claramente lo que se tiene que hacer es generar los espacios para que éstos se transformen en competitividad de productividad y eso implica muchos temas, como que las empresas no debe de estar distrayendo recursos para reforzar su seguridad en lo individual o en la persecución de juicios que se alargan, al menos en los temas que tienen que ver con juicios orales mercantiles, así que la idea es seguir avanzando en la dirección correcta para poder extender esta estrategia de una manera uniforme”.
Durante la explicación de la Encride, ejercicio que se realiza por primera vez en México, se comentó que 64.6 por ciento de las unidades económicas considera que la corrupción se produce para agilizar trámites, en tanto que 39.4 por ciento señala se genera para evitar multas o sanciones, y 30.7 por ciento dice que es para obtener licencias o permisos.
A escala nacional, 561 de cada 10 mil unidades económicas que realizaron trámites durante 2016 experimentaron al menos un acto de corrupción; sin embargo, esta tasa se incrementa hasta mil 317 unidades económicas por cada 10 mil para el caso de unidades grandes, y 755 unidades económicas por cada 10 mil para industriales.
Respecto de víctimas de corrupción, Quintana Roo se encuentra en primer lugar, con 2 mil 77 por cada 100 mil unidades económicas, seguida de Tlaxcala, con 2 mil 19, y Morelos, con mil 835.
La incidencia de actos de corrupción al realizar trámites o inspecciones por cada 10 mil unidades económicas durante 2016 la encabeza el Estado de México, con 57 mil 909; seguida de Guerrero, con 34 mil 236, y Tlaxcala, con 30 mil 554.
Asimismo se dijo que la experiencia con al menos un acto de corrupción por tipo de trámite, por parte de las unidades económicas el años pasado, fue de 2 mil 753, al tener contacto con autoridades de seguridad pública; mil 557, al iniciar o seguimiento de averiguaciones previas o carpetas de investigación, y mil 545 en procesos judiciales laborales o mercantiles.
Guajardo mencionó que hasta ahora no se ha trabajando a oscuras, “el hecho es que concentramos muchísimo el esfuerzo en lo que claramente es la responsabilidad por no haber tenido un marco regulatorio que hoy, gracias a la reforma, propicia una política de Estado”.
Refirió que el gobierno federal se esforzó en mejorar las condiciones regulatorias de las entidades federativas, “y logramos en este sexenio bajar la carga regulatoria de trámites federales de regulaciones y trámites federales de 4.25 a 2.7 del producto interno bruto, ya hay un impacto muy importante en términos de ahorros regulatorio”.
Por otra parte, el Encride, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con el apoyo de diversas instituciones gubernamentales, académicos, expertos, así como organismos del sector privado, tuvo una muestra de 43 mil 681 unidades económicas del 31 de octubre al 15 de diciembre de 2016, en la que menciona que los costos monetarios de cumplimiento de las regulaciones en ese año se estimaron en 115.7 mil millones de pesos, que representan 0.56 por ciento del PIB nacional.
Del total de las unidades económicas, en 20.2 por ciento se señaló que el marco regulatorio (aquellas normas, trámites, solicitudes e inspecciones para los establecimientos según su actividad) representó un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios.
En promedio, en cada unidad económica del sector privado se gastaron 48 mil 871 pesos por cargas administrativas, y en la mitad de las unidades económicas (50.9) se consideró que las cargas administrativas a las que estuvieron sujetas en 2016 fueron mayores o siguieron igual de pesadas en relación con las de 2015.