Rechazan investigar mal uso del malware Pegasus
EOmar Brito/ l comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción rechazó solicitar al gobierno federal un informe sobre la adquisición y uso del malware Pegasus, con el que presuntamente fueron espiados periodistas y defensores de derechos humanos. Con cinco votos en contra y solo uno a favor, el de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Jacqueline Peschard, el organismo rechazó la propuesta. Peschard dijo que de confirmarse la información sería una violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos e incluso puede configurarse el delito de peculado, por lo que consideró de gran importancia contar con toda la información oficial al respecto, aunque aclaró que lo único que le atañe al sistema es si hubo actos de corrupción. “En opinión del Comité de Participación Ciudadana, pensamos que las autoridades pueden darnos información sobre el programa Pegasus. ¿Quiénes lo tienen?, ¿cuánto se ha gastado en él?, ¿cuál es el marco jurídico?, para tener mayor información”, dijo.
Sin emitir argumento, la integrante del comité, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, votó en contra, además de que evitó cuestionamientos de la prensa al término de la sesión.
De acuerdo con información revelada por MILENIO, la PGR adquirió Pegasus cuando Jesús Murillo Karam estaba al frente de la dependencia y supuestamente fue empleado hasta que Arely se convirtió en procuradora.
Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal, dijo que no pueden aprobar un exhorto en los términos propuestos porque el caso debe ser investigado primero por las autoridades.
Carlos Chaurand Arzate, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dijo que las autoridades deben investigar el caso solo si se confi rma que existe delito por perseguir, pero “no está probado ante nadie”.
En tanto, el comité aprobó una recomendación no vinculante en la que pide a los Congresos estatales no emitir leyes locales sobre responsabilidades administrativas y sujetarse a la ley que entrará en vigor el 19 de julio.
El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, advirtió de los riesgos que puede generar una ley local al respecto. “Podemos caer, y déjenme pasar a un ejemplo, quizá un poco exagerado, que en alguna entidad se calificará como no grave alguna situación de responsabilidad si no hubiera una inhabilitación, que en otros estados el mismo delito fuera clasificado de otra manera”, explicó.
Además se aprobó la creación de un mecanismo de seguimiento a los procesos de designación de los integrantes de los sistemas locales anticorrupción.
De igual forma, se dio la aprobación al acuerdo sobre la declaración patrimonial y de intereses.