Ocho iniciativas ante un legislativo que busca una salida “suave” de la UE
la Cámara de los Comunes sobre su gobierno puede mantenerse.
El proyecto de ley de inmigración puede ser el mayor reto para May, quien constantemente argumentó que el voto por salir de la UE en el referendo de 2016 fue principalmente por la exigencia pública de mayores controles fronterizos. Pero muchos conservadores liberales —entre ellos algunos euroescépticos— temen el daño a la economía británica.
El ex líder conservador William Hague es una figura central: pidió que todos los ciudadanos de la UE con una oferta de trabajo automáticamente reciban permiso de trabajo, sin derecho a los beneficios.
La ministra del Interior, Amber Rudd, por instinto es liberal en el tema, probablemente no oponga mucha resistencia a la presión parlamentaria por un nuevo régimen similar al que propuso Hague.
Un proyecto de ley aduanal creará un nuevo régimen que le permitirá a Gran Bretaña lograr sus propios acuerdos comerciales. También va a crear una nueva frontera comercial con la UE, que tendrá, afirma May, “la menor cantidad de fricciones posible”.
El canciller Philip Hammond quiere mantener a Gran Bretaña cerca de la unión aduanera de la UE, al menos durante la transición después del brexit, y se espera el respaldo de los conservadores proeuropeos y de aquellos a favor del libre comercio cuando se discuta el proyecto de ley.
La iniciativa de derogación sustituirá la “burocracia de Bruselas” con una británica: busca crear una nueva generación de reguladores para reemplazar a las agencias del bloque, a un costo considerable.
Algunos parlamentarios creen sensato que Gran Bretaña permanezca dentro del ámbito de ciertas agencias de la UE —el ex ministro conservador Ed Vaizey dice que Reino Unido debe permanecer en Euratom, el regulador nuclear paneuropeo—, pero eso requiere de que May abandone la “línea roja” sobre poner fin a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE.
James Chapman, ex jefe de gabinete del secretario del brexit, David Davis, trata de reunir apoyo para este cambio de táctica. May busca tener derechos ejecutivos amplios, conocidos como poderes Enrique VIII, para hacer cambios en el régimen regulatorio con muy poco tiempo de antelación y sin un total escrutinio parlamentario, tras los resultados de las conversaciones del brexit.