Solo 3 de cada 4 imputados cumplen medidas cautelares
Adicciones y falta de voluntad para someterse a vigilancia, entre las causas para no seguirlas
Por falta de voluntad o adicciones, solo tres de cada cuatro imputados por algún delito en el Nuevo Sistema de Justicia Penal cumple con las medidas cautelares dictadas por un juez en lugar de prisión preventiva.
Estas medidas cautelares contempladas en el nuevo sistema y que sustituyen a la prisión en tanto se desarrolla el procedimiento legal, van desde la prohibición de acercarse a determinadas personas, el uso de localizadores electrónicos, el cuidado o vigilancia por una persona o institución, el resguardo en su propio domicilio y la prohibición de acercarse a ciertos lugares.
También incluye la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, inmovilización de cuentas bancarias, suspensión temporal de determinada actividad profesional o laboral, así como la prohibición de salir del país o de su localidad.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), encabezado por Álvaro Vizcaíno, en su informe sobre la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, la tasa de cumplimiento promedio de las medidas cautelares que no son prisión preventiva asciende a 77 por ciento y “los factores que más inciden en el incumplimiento son la falta de voluntad del imputado para someterse a la supervisión y las adicciones”.
De acuerdo con el informe, entre 2015 y 2016 se incrementaron los casos de supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y suspensión condicional de 6 mil 63 a 17 mil 920.
A juicio del SNSP el uso de la prisión preventiva debe ser excepcional y no regla general; “no obstante, ante la realidad que vive el país, los delitos como portación y acopio de armas de uso reservado a las fuerzas armadas y el robo de hidrocarburos deben merecer prisión preventiva oficiosa”.
Este tipo de medidas están a cargo de las Unidades Estatales de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (Umecas), pero a la fecha funcionan solo en 29 entidades, porque en una no está en operación y otra no cuenta con una oficina especializada y el asunto se encuentra en el área de reinserción social.
Por ello, una de las 10 acciones planteadas por el SNSP para consolidar al nuevo sistema de justicia es fortalecer las Umecas, porque “contribuye a poner un tope a la llamada puerta giratoria”, que implica que hoy no sean acreedores a prisión mientras se lleva a cabo el proceso penal.
Sin embargo, alerta sobre la conveniencia de “motivar la prisión preventiva que presentan altas probabilidades de afectar a una víctima, darse a la fuga o reincidir en la comisión de un delito”.
Para el SNSP, el Nuevo Sistema de Justicia Penal “es sustancialmente mejor” que el anterior y “llegó para quedarse”, pero no ha terminado de madurar.
El sistema nacional, responsable de articular las acciones para asegurar el funcionamiento de los juicios orales, advirtió que debe acabarse con vicios heredados como el hecho de que “la confesión era la reina de las pruebas” y por ello “necesitamos más investigación científica y no solo detenciones en flagrancia. Necesitamos más capacitación para todos los operadores del sistema”.
En el informe del secretariado destaca que en 2006 había 84 mil personas sujetas a proceso y sentenciadas por robos menores a 2 mil pesos, cuando los casos podían resolverse sin prisión preventiva, que empezó a utilizarse en 2008 y evitó que 70 mil personas fueran encarceladas por delitos menores.