Apremian a avalar ley de desaparción forzada
Eugenia Jiménez, Selene Flores y Omar Brito/
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)y organizaciones de la sociedad civil urgieron a la Cámara de Diputados a aprobar la Ley General contra la Desaparición Forzada y la desaparición cometida por particulares, que responda a la gravedad de la situación que se vive y que no sea solo una simulación para salir del paso.
El ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, en el acto conmemorativo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, consideró que la dilación de esa ley “no se corresponde con la gravedad del problema, que es latente, se ha agudizado, crecen las desapariciones y la impunidad; necesitamos herramientas, una de ellas es que el Congreso emita la ley en los primeros días de la sesión ordinaria”.
El no atender el problema, afirmó, refleja “el desinterés y falta de voluntad de los distintos poderes y órdenes de gobierno para que la verdad, justicia y reparación lleguen a todos los casos; también nos cuestiona, por la indiferencia ante el sufrimiento y dolor de las víctimas y sus familiares, que son víctimas de nueva cuenta por la dilación en la conclusión de los procesos legislativos e implementación de políticas y acciones para incidir en el abatimiento de esa práctica”.
Antes, el ombudsman nacional se entrevistó con familiares de personas desaparecidas que se manifestaron a las puertas del Palacio Legislativo de San Lázaro, a quienes expresó que no basta con la aprobación de la ley, sino que también se requiere de voluntad política y recursos para materializarla. Les aseguró que la CNDH es su aliada en la búsqueda que han emprendido para encontrar a sus familiares.
En un posicionamiento, la comisión demandó establecer una política integral que prevenga, investigue y sancione las violaciones que se derivan del problema de las desapariciones.
Consideró que el fenómeno subsiste en el país “como consecuencia de la impunidad, traducida en la falta de una procuración de justicia pronta y expedita que, lejos de producir investigaciones eficaces y sustentables para la localización de víctimas y el ejercicio de la acción penal contra los responsables, en la mayoría de los casos sitúa a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono, revictimizándolos”.
Jan Jarab, representante de la ONUDH, pidió a los diputados tocarse el corazón y no solo aprobar la ley sino también asignar el presupuesto suficiente para echarla a andar.