Crisis en el Congreso
A la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado llegó Ernesto Cordero a contrapelo de la dirigencia del PAN y su coordinación parlamentaria; ha evolucionado y por lo visto ahora es más político que tecnócrata
La rebelión de Monreal pone en entredicho no solo la unidad, sino el modelo autoritario con el que de origen se ha instituido en el proyecto para llevar al tabasqueño a la Presidencia
Signo de los nuevos tiempos: no tiene precedente que el Congreso no se haya podido instalar por las diferencias en su seno. El PAN se enfrasca en una guerra fratricida y el PRI, al cual también le ha declarado la guerra, toma el guante al dirigente del PAN. De por medio, la designación de quien habría de ser el fiscal general de la República. El PRI se decide por Raúl Cervantes, senador con licencia, respetado y reconocido por muchos, incluso por sus pares panistas. La resistencia no es hacia él, su probidad o su profesionalismo, sino a que sirviera de
judicial al actual gobierno. A la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado llegó Ernesto Cordero a contrapelo de la dirigencia del PAN y su coordinación parlamentaria. Cordero ha evolucionado y por lo visto ahora es más político que tecnócrata. Sus expresiones son razonables, ni siquiera ha comprometido el apoyo al PRI para hacer a Raúl Cervantes fiscal general, pero los suyos no le perdonan que se haya ido por la libre. Dice él, con razón, que el tema de la designación hay que examinarlo con detenimiento y al margen de la pasión que le imprime Ricardo Anaya.
La elección del Estado de México y la de Coahuila fracturaron la relación de Anaya con el gobierno federal. En el primer caso el agravio inicia con la liberación de información sobre investigaciones judiciales contra la familia de Josefina Vázquez Mota, quien fue candidata de Anaya. Del primero al cuarto lugar evolucionaron las preferencias por Josefina. En Coahuila se dejó que el gobernador operara con libertad la elección. El desenlace se dio en medio de bien documentadas irregularidades, particularmente en la entrega de los paquetes electorales, lo que llevó a que el PREP, por primera vez en una elección de gobernador, suspendiera su operación muy lejos de lo aceptable. Se impuso el PRI bronco y tramposo, aquél que se suponía que la reforma electoral había domado.
A Ricardo Anaya lo echó a andar la información en sobre su patrimonio y el de su familia, a su decir una represalia anunciada por las diferencias en la mesa de negociación. La información del caso lastima no por su contenido, sino porque se refiere a la familia de su cónyuge. El dirigente del PAN declara la guerra sin advertir que en su propio partido hay fisuras importantes, las que él mismo ha generado en su lucha por ganar la candidatura presidencial desde la misma dirigencia. No midió bien las condiciones de la batalla y lo que ahora sucede en el Congreso en buena parte es secuela de este error de estrategia.
El PAN y el PRI desde la elección de 1988 han sido el factor de gobernabilidad. Muchas de las cosas buenas que se han hecho en la reforma institucional para una transición democrática pactada y sin rupturas se han dado en este contexto. El PAN requiere del acuerdo y el PRI de un entendimiento con el PAN. No advierten que el adversario mayor y la disputa no está entre ellos. Lo de Coahuila no debió haber ocurrido.
López Obrador y Morena viven sus momentos más difíciles, especialmente por la manera como se resolvió la candidatura para Ciudad de México, y la rebelión de Ricardo Monreal pone en entredicho no solo la unidad, sino el modelo autoritario con el que de origen se ha instituido en el proyecto para llevar al tabasqueño a la Presidencia. Es en este momento en el que el PRI y el PAN han optado por la guerra entre ellos. Los errores políticos son elementales cuando las pasiones se imponen y definen el curso de los eventos. Con adversarios así, López Obrador seguirá caminando sin mayor dificultad a la Presidencia.
El PAN y el PRI han perdido sentido de su propia fuerza. Los gobiernos que ha ganado el PAN en los estados no son garantía y muy bien pueden ser un lastre en la definición política. En el recuento de la encuesta nacional de GCE, solo los gobernadores de Durango y Guanajuato tienen la aceptación de sus gobernados. Yucatán, Sonora y Campeche tienen gobernadores priistas con buen nivel de reconocimiento. Los estados muy poblados son terreno incierto de batalla; el descontento y la insatisfacción con los gobiernos se acompañan del deterioro de la credibilidad de los partidos incluido ahora Morena. El PRI padece además el desgaste en el gobierno, aunque también con otra narrativa pudiera contar para lo bueno.
PRI y PAN han pretendido detener el tiempo de la política y se embarcan en una disputa estéril en el Congreso, al momento que López Obrador continúa en su propio empeño y ahora con candidata en Ciudad de México.