Impunidad verbal
Mentir deliberadamente o por diseño es uno de los rasgos de nuestros tiempos; siempre habrá quien se haga eco por interés o proyecto; las leyes han cambiado y ahora hay un marco legal complaciente frente a la calumnia o la injuria
México es el país de la impunidad. No solo acontece en el ámbito de los delitos de alto impacto y su secuela de sangre y violencia; no se reduce a la vida pública, está presente prácticamente en todas partes. La crítica al abuso de poder se envilece cuando se somete a intereses ajenos a lo que se pretende proteger. La impunidad verbal, mentir deliberadamente o por diseño es uno de los rasgos de nuestros tiempos; siempre habrá quien se haga eco por interés o proyecto.
La impunidad verbal se ha ampliado considerablemente. Las leyes han cambiado y ahora hay un marco legal complaciente frente a la calumnia o la injuria. Quizá, como se ha dicho, en materia de libertad de expresión sea mejor el abuso que la restricción. El problema es que desde muchos frentes se ha impuesto la práctica de mentir, especialmente en la pretensión de ganar visibilidad y prestigio. A base de ello, las falsedades se vuelven ciertas y los propósitos aviesos van ganando terreno a costa de la verdad y de la imagen de personas, instituciones y empresas.
Un muy relevante e interesante precedente lo constituye la acción legal de OHL-México ante las autoridades competentes para actuar contra una empresa y sus representantes legales, que han hecho de la mentira y ataque sistemático medio para desacreditarla y con ello han afectado gravemente no solo la reputación, sino el valor de una empresa que cotiza en bolsa y cuya depreciación de sus acciones impacta directamente al público inversionista.
Mentir en política es fácil, en negocios también, pero es diferente cuando afecta al mercado financiero de una empresa que cotiza en bolsa. Por ello la ley ha creado un tipo penal que pretende proteger al inversionista cuando una entidad o un particular divulga información falsa que afecte el valor de la acción. Esto ha sido presentado con singular claridad por el abogado Fernando Gómez Mont, representante de la afectada, donde se advierte que quien activa a la PGR para que investigue la comisión de delito no es el particular denunciante, sino la Secretaria de Hacienda, después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite opinión sobre la eventual existencia de delito. No es una diferencia entre particulares, es una acción de la PGR para proteger al público inversionista.
La reputación de OHL-México está por el piso. Son muchos los medios que sistemáticamente se han hecho eco del representante legal de Infraiber, la empresa denunciada, y de la que ahora se sabe no tiene empleados, no paga impuestos, no tiene operaciones que no sea un contrato insostenible por sus altísimos beneficios a costa de los recursos públicos y asignado directamente en los últimos meses del gobierno anterior del Estado de México y que fuera revertido por las mismas autoridades una vez que se advirtiera la magnitud del desfalco. Un robo pues.
Infraiber no tiene ingresos, pero sí una intensa actividad mediática exclusivamente dirigida a afectar a OHL-México. A su abogado no se le conoce en otra acción pública o profesional
La firma española ha denunciado la extorsión de la que fue objeto por el dueño de Infraiber y que se asocia a la divulgación de grabaciones ilegales y alteradas
que no sea la de estar acusando a OHL. Por el contenido de su denuncia ha ganado el favor de medios y líderes de opinión interesados en la lucha contra la corrupción, quienes sin revisar con rigor los hechos, han hecho propia la versión del abogado de Infraiber.
OHL ha denunciado la extorsión de la que fue objeto por el dueño de Infraiber, Pedro Topete, y que se asocia a la divulgación de grabaciones ilegales y alteradas, muy comprometedoras para la imagen de la empresa y sus operaciones con las autoridades del Estado de México. El golpe fue certero y ahora para muchos OHL es sinónimo de corrupción y abuso, sin que haya una sola acción legal que acredite el dicho. En la última parte, los mismos detractores propiciaron la especie de que la campaña del PRI en el Estado de México estaba financiada por OHL sin que se hubiera aportado un solo elemento de prueba. Más aún, la denuncia, que no ha sido ratificada por los denunciantes, sirvió para ganar votos y visibilidad para un proyecto político en particular, pero no para iniciar formalmente la investigación que esclareciera los hechos y determinara las responsabilidades. Mentir es un recurso útil en la política.
Quizá se requiera mucho más para abatir la impunidad verbal, pero la acción legal de la PGR por el delito de engaño al mercado financiero es un positivo precedente. Lo es no solo para quienes hacen de la calumnia un medio de extorsión, sino también para los medios de comunicación, organizaciones civiles y periodistas que con facilidad caen en el juego de delincuentes por no detenerse a examinar los hechos, valorar pruebas e investigar a un extorsionador encubierto de luchador cívico.