México, líder en AL en pago de sobornos
Hasta 40% de ciudadanos da dinero para acceder a servicios públicos de educación, salud y documentación
México es el país de América Latina en donde más sobornos se pagaron para poder acceder a servicios públicos, de acuerdo con un nuevo ranking dado a conocer por Transparencia Internacional, en el que 51 por ciento de los entrevistados aseguró que ha incurrido en esta práctica en los últimos 12 meses.
El documento destaca que donde más se pagan sobornos es para acceder a servicios en escuelas públicas, hospitales públicos, para obtener documentos de identidad y contar con otro tipo de servicios del Estado, rubros entre los que se reportó que de 31 a 40 por ciento de ciudadanos entrevistados reconoció esta práctica.
Ante la policía solo de 21 a 30 por ciento de ciudadanos afirmó haber pagado sobornos, y ante los tribunales, apenas de 11 a 20 por ciento.
Después de México, que encabeza la lista de 20 países de América Latina y El Caribe con 51 por ciento, se ubica República Dominicana, donde 46 por ciento de los encuestados afirmó haber pagado sobornos.
Le siguen Perú (39%), Venezuela y Panamá (38% cada uno), Honduras (33%), El Salvador (31%) y Nicaragua y Colombia (30%).
Al analizar los resultados por país “se deduce que México evidencia claramente los más graves índices de corrupción en la prestación de servicios públicos; en particular, en el caso de escuelas, atención de la salud y documentación personal (del 33% al 39%)”, dice el documento.
La encuesta reveló que no solo en México sino en toda la región la atención de la salud y la educación son los servicios más afectados por los sobornos.
Afirma que los índices de soborno son “sustancialmente inferiores” en Trinidad y Tobago, donde solamente 6% de las personas lo pagaron en el mismo lapso.
Los resultados de la encuesta también arrojaron que la mayoría de las personas considera que el nivel de corrupción aumentó en los 12 meses previos a la encuesta.
“Experiencia habitual”
A la pregunta de si existe un estigma social en cada país contra quienes denuncian actos de corrupción, seis de cada 10 encuestados respondió que es socialmente aceptable hacerlo.
Sin embargo, en el caso de México, solo 49 por ciento respondió que es aceptable socialmente denunciar los actos de corrupción; es decir, que más de la mitad respondió que entre la sociedad no es bien visto acusar a los corruptos.
La encuesta de Transparencia Internacional abarcó a 22 mil 302 ciudadanos de los 20 países entre mayo y diciembre de 2016 y se les preguntó sobre sus percepciones y experiencias de corrupción.
De acuerdo con el reporte, “el soborno es una experiencia demasiado habitual para muchas personas de la región que necesitan acceder a servicios básicos”.
La organización calculó que en los 20 países sondeados, más de 90 millones de personas tuvieron que pagar un soborno en el transcurso de los 12 meses previos a la encuesta, lo que equivale a un tercio de quienes acceden a servicios públicos.
Además, indicó que personas de todos los sectores sociales, tanto hombres como mujeres, viejos y jóvenes, ricos y pobres, han incurrido en dicha práctica.
Como parte de las conclusiones de la encuesta, destaca que los ciudadanos de Ecuador, Guatemala y Uruguay son los más optimistas, en promedio, entre los 20 países, pues la mayoría de los ciudadanos encuestados afirmaron estar dispuestos a participar en iniciativas contra la corrupción.
No obstante, las respuestas de los ciudadanos de Colombia, República Dominicana, México, Perú y Venezuela ubican a estos países entre los de peor resultado, ya que reciben calificaciones negativas en cuatro de cinco indicadores. “En estos países, los índices de soborno son elevados, se percibe un alto grado de corrupción policial y los ciudadanos tienen una perspectiva negativa tanto de los esfuerzos gubernamentales contra la corrupción como de la merma en el nivel de corrupción durante los 12 meses anteriores”, dice el documento. “Esto sugiere riesgos de corrupción reales y apremiantes en estos países, y exigirá que todos los niveles del gobierno y la sociedad civil actúen en forma conjunta”, concluye.