CCE: trámites en México equivalen a 8% del PIB
EEduardo de la Rosa/ l presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, afi rmó que el costo que tienen los trámites en el país equivale a 8 por ciento del PIB, nivel superior al 2.5 por ciento promedio registrado por los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Es decir que los trámites en el país cuestan 165 mil 554 millones de pesos principalmente por la burocracia que se maneja, tanto en estados como en los diferentes municipios del país.
En el contexto del lanzamiento del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, Castañón, destacó los avances que se han tenido, pues hace seis años México tenía costos sobre el PIB de regulación federal de 4.25 por ciento y en municipios y estados de 6 por ciento; es decir, se tenía un poco más de 10 por ciento del PIB.
Hoy en día la mejora regulatoria a escala federal tiene un costo de 2.68 por ciento del PIB, “se bajó desde 4.25 por ciento, y en los estados lo han reducido a un promedio de 5 a 5.5 por ciento. Esto significa que nos cuesta al país la regulación entre 7.5 y 8 por ciento. “El reto más importante es tener una ley de mejora regulatoria no solo para un buen discurso, sino que la tenemos que implementar para bajar los costos”, comentó.
Insistió en que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), requiere de una ley general que permita comprometer a los estados y municipios para avanzar decididamente en el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales y abatir los costos que significa operar en México.
En su participación el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Luis Foncerrada Pascal, destacó que debe haber una regulación que permita proteger sin costos Hace 6 años, entre estados y Federación la cifra era de 10% del producto interno bruto a las empresas y no sean obstáculos para abrir más.
Comentó que es necesario formar convenios con la sociedad civil, las autoridades y las empresas para que en un proceso de corresponsabilidad puedan ser revisadas una única vez como sucede en otros países y no vuelven a ser revisadas gracias a un consenso.