Milenio Laguna

Así vivimos… Congreso sombra

- David Ruelas direccion@ccilaguna.org.mx

E n torno a la discusión que ha generado durante las últimas semanas la propuesta del Paquete Económico y Presupuest­o 2018, el pasado 23 de octubre se llevó a cabo Congreso

Sombra, espacio de reflexión convocado por las asociacion­es México Evalúa y Borde Político que reunió expertos, académicos y representa­ntes de la sociedad civil junto con legislador­es para analizar a profundida­d la hacienda pública y las capacidade­s del Legislativ­o en esta materia.

Para 2018, la Secretaría­de HaciendayC­réditoPúbl­ico(SHCP) propuso al Congreso un gasto de cinco billones 236 mil 400 millones de pesos, el equivalent­e al 22 por ciento del PIB. De acuerdo con Mariana Campos, de México Evalúa, del gasto programabl­e, solo el 11.9 por ciento está previsto para inversión pública, el nivel más bajo desde 2002.

En el ámbito local, el Estado de Coahuila concentra todos los reflectore­s debido a su elevado endeudamie­nto que, de acuerdo con informació­n de la Secretaria­deFi

nanzas del Estado asciende a 36 mil 329 millones de pesos. En promedio cada coahuilens­e debe 11,991 pesos por Deuda Pública, lo que la convierte en la segunda Entidad con mayor deuda per cápita del país.

Como lo señaló Sunny Villa, investigad­ora del CentrodeIn­vestigació­n

Económicay­Presupuest­al(CIEP), el financiami­ento debe ser orientado a promover la inversión pública en proyectos que contribuya­n a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sin embargo, luego de que el Gobierno del Estado de Coahuila rompiera los principios de finanzas públicas ante la ausencia de oposición en el congreso local, el destino de la deuda pública continúa siendo una interrogan­te.

De acuerdo con informació­n del ConsejoCív­icodelasIn­stitucione­s

Laguna, a pesar de que Coahuila incrementó 797 millones de pesos la recaudació­n de Impuesto Sobre Nóminas (ISN), principal fuente de ingresos propios del Estado, la inversión pública disminuyó 637 millones de pesos de 2012 a 2016.

La discrecion­alidad con que el Ejecutivo maneja las finanzas públicas del Estado, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas reales impide conocer el origen y destino de los recursos públicos. Es necesario que el Legislativ­o actúe conforme a su deber constituci­onal y garantice el adecuado manejo de las finanzas públicas, solo así se habrá dejado de ser “congreso sombra”.

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