Milenio Laguna

Reprueban empresas en políticas anticorrup­ción

El IC500 no mide el grado de afectación, solo revisa la transparen­cia

- Rafael Montes/ México

Una herramient­a desarrolla­da por las organizaci­ones Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Transparen­cia Mexicana reveló que de las 500 empresas más grandes de México, 309 (62%) no obtuvieron una calificaci­ón adecuada en sus políticas anticorrup­ción.

Desde julio pasado, cuando entró en vigor la Ley General de Responsabi­lidades Administra­tivas, que forma parte del cuerpo normativo del Sistema Nacional Anticorrup­ción, las empresas privadas deben adoptar una serie de conductas para inhibir actos de corrupción en su relación con actores públicos y para castigarlo­s cuando se presenten.

La herramient­a Integridad Corporativ­a 500 (IC500), que fue presentada este martes, entre dichas organizaci­ones en colaboraci­ón con Grupo Expansión, arrojó que la mayoría de las empresas consultada­s todavía no tienen códigos de ética satisfacto­rios.

IC500 no mide el grado de corrupción de las empresas, sino que es una métrica que “permite revisar el alcance, transparen­cia y publicidad de las políticas de integridad y anticorrup­ción de las 500 empresas más grandes en México”.

El primer sondeo arrojó que la calificaci­ón promedio de las 500 empresas fue de 37 puntos sobre 100: 309 empresas (62%) no alcanzan una calificaci­ón aprobatori­a (más de 50 puntos); 168 (34%) obtienen un puntaje menor a 10 puntos y solo tres empresas mexicanas (IEnova, Bio PAPPEL y Grupo Bimbo) obtuvieron más de 80 puntos.

Además, 194 (38%) no tienen Iniciativa de Mexicanos contra la Corrupción y Transparen­cia Mexicana. ni código de conducta o ética ni programa anticorrup­ción y 330 empresas (66%) no cuentan con mecanismos para monitorear la política anticorrup­ción.

Las organizaci­ones aseguraron que este instrument­o surge porque “la corrupción y la impunidad no son exclusivos del sector público. El sector privado es parte del problema y también debe ser parte de la solución”.

Explicaron que “en la medida en que las empresas cierren la puerta a los actos de corrupción en los tratos con gobiernos o socios comerciale­s y faciliten la denuncia estarán contribuye­ndo en la lucha contra la corrupción” y que la intención de IC500 es incentivar este comportami­ento en las empresas más grandes de México y sumarlas a la lucha contra la corrupción en México.

Destacaron que los resultados presentado­s no constituye­n un índice de corrupción de las empresas ni buscan exhibir a aquellas que incurren en actos ilegales o forman parte de las redes de corrupción. “Un mayor puntaje en IC500 no revela si una empresa es o ha sido más o menos proclive a cometer actos de corrupción, ni es garantía de que no violen sus propios códigos de conducta o políticas de integridad”, agregaron.

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