Puigdemont, citado a declarar por la justicia
Una jueza de la Audiencia Nacional reclama la declaración este jueves en Madrid del ex presidente catalán, que sigue en Bruselas
El ex presidente catalán Carles Puigdemont fue citado este jueves en Madrid por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, para que declare como imputado por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, en relación con la declaración de independencia de Cataluña realizada en el parlamento catalán en Barcelona.
Puigdemont, que sigue sin darse por destituido tras la adopción del artículo 155 de la Constitución española por el presidente Mariano Rajoy, aceptó ayer en una rueda de prensa en Bruselas las elecciones regionales convocadas por el gobierno de España para el próximo 21 de diciembre, pero aseguró que no volverá a Cataluña hasta tener “garantías” y que no está en la capital de Bélgica para pedir asilo político.
El primero de los delitos por el que es imputado, el de rebelión, puede suponerle una pena de hasta 30 años de cárcel. Además, el ex presidente y los miembros de su gabinete deberán depositar, antes de que concluya esta semana, una fianza de poco más de 6 millones de euros.
Es la segunda vez que Puigdemont habla en público tras ser cesado de su cargo, al igual que todo su gabinete, tras la aplicación del artículo 155 decretada por el gobierno de Rajoy horas después de que el parlamento catalán se pronunció por la declaración unilateral de independencia el pasado viernes.
Puigdemont asumió las elecciones convocadas por Rajoy como un “reto democrático”: “las elecciones del 21 de diciembre son un reto que asumimos con todas nuestras fuerzas. Yo voy a aceptar los resultados, pero ¿los va a aceptar el gobierno español si no le son favorables?”, se preguntó. El ex president trasladó así a Madrid el reto de aceptar los resultados de los comicios si las fuerzas independentistas resultan mayoritarias.
Puigdemont subrayó que si se le permitiera “un juicio justo, independiente, con separación de poderes, como en la mayoría de países europeos”, retornaría “de forma inmediata”. Pero también dejó claro que ve la acción judicial contra él como una “demanda política” y se va a oponer a ella “desde una posición política y no jurídica”. “No queremos escapar a nuestra responsabilidad de la justicia, pero queremos las garantías jurídicas en el marco de la Unión Europea”, dijo. Puigdemont aclaró que no viajó “a Bélgica, sino a Bruselas” como capital europea, y que no deseaba crear un problema al gobierno belga sino pedir ayuda a la comunidad internacional y a las instituciones europeas.
El político catalán, nacionalista de derecha, presentó a España como un Estado represor que frena sus aspiraciones con “violencia” y la causa catalana como un asunto en cuya base están los valores europeos de libertad y democracia. “Decimos a Europa: necesitamos vuestra ayuda, es un conflicto político que necesita una salida política”, insistió.
Sobre su estancia en Bruselas, dio por hecho que va para largo. “Queremos actuar de forma libre y tranquila aquí, en el corazón de las instituciones europeas”, señaló, y aseguró que “mientras exista la amenaza de la venganza y no de la justicia no hay condiciones objetivas para volver”. Según las leyes europeas, puede permanecer 90 días, mismos que pueden ser renovables.
Puigdemont explicó que la decisión de que la mitad de los miembros cesados de su gobierno se trasladaran a Bruselas fue adoptada por unanimidad en su gabinete. “La otra parte del Govern (gobierno), con el vicepresidente (Oriol Junqueras) al frente, continúa en Cataluña, realizando actividades políticas como miembros legítimos. No hemos abandonado nuestras funciones de gobierno”, aseguró.