Fiscalías, una ruta para enmendar
a semana pasada la procuración de justicia en el país vivió días difíciles. A la renuncia del (ex) procurador Cervantes, se sumó la abrupta y poco explicada remoción del fiscal electoral, así como el penoso sainete político que le siguió. Mientras continuamos en espera de los anunciados resultados de la investigación de Odebrecht, se presentó el informe de la consulta nacional para un nuevo modelo de procuración de justicia (consultable en construyamos-justicia.mx). Todo en unos días. Y todo apunta al mismo sitio: vivimos una profunda crisis en las instituciones de procuración de justicia que urge reparar.
El reto es enorme, pero en el informe hay ideas concretas por dónde comenzar. Lo primero que se necesita es un acuerdo político nacional que involucre a todas las instituciones de seguridad pública y justicia penal para trazar la ruta y las acciones que se deben desarrollarse durante los próximos años. Este acuerdo debe ser la base para rediseñar y darle operatividad a un renovado sistema nacional de seguridad pública y justicia penal. Para que opere adecuadamente se requiere dotarlo de un financiamiento de largo plazo que asegure que la transición podrá suceder. Los recursos deberían ser administrados por un consejo independiente, profesional y con criterios de operación técnicos, claros y transparentes.
Una dimensión central del acuerdo es el papel de las fuerzas armadas. El actual nivel de violencia y las (in) capacidades de las policías implican que por varios años no podrán regresar a los cuarteles. Por ello urge crear un contexto jurídico de transición, que permita resolver los problemas de coordinación con las autoridades civiles. Al mismo tiempo deben existir compromisos bien definidos y evaluables para avanzar en la creación de cuerpos policiales profesionales que permitan el retiro gradual del Ejército y la Marina de las calles.
También resulta indispensable rediseñar la articulación de las policías con las procuradurías y los ministerios públicos. En este momento es imposible transferir a las policías la función de investigación simplemente porque no cuentan con capacidades para desempeñarla. Por ello hemos propuesto como parte de un modelo de transición que las nuevas fiscalías se organicen con base en células de investigación, integradas por ministerios públicos, agentes de investigación y peritos, que tendrán la responsabilidad concreta de investigar y perseguir los delitos, con base en planes de persecución penal, que definan con claridad las prioridades y permitan una evaluación precisa del desempeño de cada procuraduría y de todas en conjunto.
Otro cambio necesario consiste en facultar al Congreso para que expida un código penal único para todo el país — con algunas reservas que permitan adaptarlo a ciertas especificidades locales— y junto con esto clarificar la confusa distribución de competencias en materia penal entre la Federación y los estados. Esta redefinición es crucial para poder saber quién es responsable de qué.
Finalmente, sería un error gravísimo limitar la discusión a la selección de los nuevos fiscales ( general, electoral y anticorrupción) y la ley de la nueva Fiscalía General. Necesitamos rediseñar completamente las procuradurías en todo el país para darles una nueva organización acorde con el sistema acusatorio, servicios profesionales eficaces, con altos estándares de atención a los ciudadanos y mecanismos que garanticen que en su operación se respetarán los derechos de víctimas, procesados, testigos y denunciantes.
Todo lo anterior puede parecer una quimera. No lo es. Esta reforma puede ser la última (quizá la más importante) de un gobierno que ya hizo cambios estructurales. Pero también una reforma que muestre a los ciudadanos que los partidos de oposición saben mirar más allá de los calendarios electorales y son sensibles a los problemas que nos preocupan. Sin importar quién sea el ganador en 2018, si la reforma prospera encontrará el terreno abonado para avanzar en resolver el problema más grave que todos los días golpea a la sociedad mexicana. Es ahora, o lo pagaremos todos después.