El círculo virtuoso que rompe las cadenas En el Vaticano, donde
Se llevó a cabo la Cumbre de Juezas y Procuradoras sobre Trata de Personas y el Crimen Organizado, a petición del papa Francisco, mujeres como Pamela son invitadas de honor para contar sus experiencias
están preparándose para dar una honrosa batalla.
Llegado el momento tendrán un gran reto: avanzar en las leyes como las que hoy tiene México, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Esta norma tipificó el delito de trata de personas y da otros tipos especiales a crímenes como explotación, corrupción de menores y esclavitud; creó un Fondo de Protección y Asistencia a Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, y coordinó, por primera vez, a autoridades de todo el país y en distintos niveles de gobierno para actuar con un mismo esquema de persecución y protección.
Además es una ley pionera y progresista, porque antes que nada protege a las víctimas y actualmente diversos países siguen este ejemplo. Su labor será velar por un contexto normativo cuya mayor fortaleza sea la de inhibir el incremento de quienes hacen posible el crecimiento de este delito: los consumidores, pues sin ellos no habría negocio y sin negocio no habrían víctimas.
Mientras México presenta algunos de los resultados del análisis de sentencias y recibe los aplausos del mundo por esta ley, sentando un precedente con este análisis de sentencias, dando al mundo un ejemplo para avanzar en el fortalecimiento de su legislación y visibilizando cualquier acto de corrupción o capacitación de los servidores públicos; existen inten-tos de negociar unas peligrosas modificaciones, como moneda de cambio entre algunos partidos que abren rendijas por donde se quieren colar los tratantes que buscan volver a las calles.
Cuando la sociedad civil y los servidores responsables escuchen de esos pactos en lo oscurito, hay que recordar las palabras de las mentes legales más brillantes de nuestro tiempo en el país: las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Luna Ramos y Norma Lucía Piña, quienes han dicho que la nuestra “es una legislación que