Procuración e impartición de justicia, punto
La Primera Sala de la Suprema Corte, el 5 de noviembre pasado, le puso el cascabel al gato.
Obligó al Congreso de la Unión a emitir la Ley Reglamentaria del artículo 134 constitucional, sobre la propaganda y comunicación social del gobierno.
Al Poder Legislativo corresponde emitir leyes, y a los poderes judiciales, con apoyo de procuradurías y fiscalías, garantizar que las conductas —activas y pasivas— de gobernantes y gobernados se ajusten a ellas. Así lo exige todo Estado constitucional de derecho. Pues, sepa usted que es la primera vez en nuestra historia que la Suprema Corte le impuso al Congreso la obligación de crear una ley, fijándole, además, un plazo perentorio para que la haga. ¿Por qué? Porque la omisión del Legislativo —durante años— viola permanentemente un mandato expreso de la Constitución.
El ministro Arturo Zaldívar dice: “…el fallo no pone a la Corte en situación de confrontación con el Poder Legislativo. Por el contrario, les ofrece a ambos la ocasión de asumir el papel que les corresponde en nuestra arquitectura constitucional y de mostrar que hay espacios de institucionalidad desde los que es posible recuperar la confianza ciudadana. Es una gran oportunidad para apuntalar la credibilidad de nuestro sistema político demostrando que está en nuestras manos construir un Estado de derecho y así rescatar nuestra democracia”. (Las negrillas y el subrayado son míos).
Esa resolución es medalla de gran valor, entre las muchas que merecidamente viene sumando nuestro Tribunal Constitucional.
Podrá haber desacato por parte del Legislativo, pero éste ya no será intocado al ser omiso, como frecuentemente lo es, en el cumplimiento de lo que le mandata la Carta Magna. La Corte, al reinterpretar el principio
de relatividad, que se entendía conforme a la Ley de Amparo limitando los beneficios de las sentencias a quienes demandaban la protección federal, amplía la eficacia de esos juicios, en casos especiales, para la debida defensa erga
omnes (frente a todos) de los derechos humanos fundamentales.
Ello justifica plenamente la sentencia, porque busca “recuperar la confianza ciudadana”… “apuntalar la credibilidad de nuestro sistema político”… y “rescatar nuestra democracia”.
Por ello, ojalá entendamos, de una vez por todas, que los cambios que con urgencia reclama la vida nacional no deberán darse exclusivamente en la arena electoral. Habrán de pasar por el Poder Judicial, por ser el punto de partida y de llegada a la justicia y a la democracia que anhela el pueblo de México. Si los dineros que se dilapidan por ineptitudes y corruptelas se destinan a limpiar, modernizar y permitir eficacia en los poderes judiciales, federal y estatales, así como a procuradurías y fiscalías, lo demás vendrá por añadidura.