“It’s the economy, stupid”*
Es preciso que la política no haga malabares con la economía, que las ofertas electorales sean responsables y garantes de estabilidad. Sensatez política y certeza frente al populismo y la incertidumbre. Ése es el dilema que deben resolver los ciudadanos
El voto universal es la mayor fortaleza de la democracia. Sin embargo, hoy más que nunca, el sufragio puede convertirse en una herramienta que ponga en predicamento la estabilidad democrática de la nación. La obtención del voto universal en México significó, en su momento, un paso histórico, pero ahora, ante las elecciones de julio, también representa un desafío mayor en tiempos en que las sociedades requieren liderazgos responsables, capaces no solo de cuestionar lo que está mal sino también de construir futuro.
En sus orígenes, la elección democrática de varios competidores se resolvía con un sorteo; después vino el voto calificado, y, en la última etapa, el voto universal, directo o indirecto. Que todos los adultos, en ejercicio de sus derechos, sin importar patrimonio o grado de instrucción, decidan quién gobierne es un logro fundamental indiscutible en la sociedad, pero no por ello deben desestimarse los problemas implícitos en este proceso electoral.
Seguridad y buena economía no siempre van de la mano de la elección democrática. La seducción populista siempre ha estado presente con esa idea singular de confrontar y de asumir que todo es cuestión de la voluntad del líder. En otras palabras, que todo se resuelve con solo querer, que las reglas del juego se acomoden a lo prometido, así sean las leyes internas, los acuerdos con otras naciones y los mismos principios de la economía. México padeció las políticas populistas y el desenlace fue desastroso. El poder presidencial daba para mucho, sin duda, pero no para ignorar la realidad de la economía, las reglas del mercado y las condiciones de la inversión privada.
La elección de 1988 fue el parteaguas: el país transitó a la normalidad democrática, pero, no obstante la trascendencia de las reformas legales que se han impulsado desde entonces, no hemos podido arraigar los valores del liberalismo. México perdió la tradición liberal. Hay democracia, pero no hay demócratas. Hay votantes, pero no hay ciudadanos en el sentido del ejercicio pleno de derechos y obligaciones. Esto no es un tema de atraso político, sino de cultura. Incluso los llamados sectores “instruidos” son propensos a la interpelación populista, particularmente ahora que está de por medio el descontento generalizado.
Por eso, frente a la realidad del país, marcada por un humor social que sistemáticamente desdeña lo racional y adopta como suyo lo hueco pero emotivo del discurso populista, considero que es fundamental promover que en las elecciones próximas se dirima claramente la opción entre una propuesta defi nidamente populista, encabezada por Morena, y la oferta liberal con sentido social, que deberán disputar las otras
La auditoría ciudadana no es tampoco garantía de un voto informado
candidaturas que estarán en la boleta. El Frente y su candidato, Ricardo Anaya, tienen la dificultad de asumirse liberales, resultado de la misma coalición que conforman. Los aspectos progresistas del PAN se ven disminuidos o alterados por el conservadurismo político y económico del PRD, y los elementos de avanzada del PRD se vuelven regresivos por la ideología de origen del PAN. Por ello, al igual que para MORENA, en el Frente el tema fiscal no existe, como tampoco otros asuntos de la agenda social, como el matrimonio igualitario.
A diferencia del panismo-perredismo, el candidato del PRI tiene el perfi l para impulsar la propuesta de liberalismo social y progresista en 2018. La coalición que lo sostiene lo favorece. En el PRI siempre han coexistido visiones diversas sobre la sociedad, el poder y la política. Es hora de transitar con mayor claridad hacia el liberalismo social, como en su momento lo planteó Luis Donaldo Colosio. Derechos y obligaciones, estado de derecho, sentido republicano del poder público, equidad en todas sus expresiones. Ésas son las exigencias en el nuevo edificio público de la modernidad.
La política no puede ignorar a la economía, mucho menos someterla a su dinámica e intereses. Se trata de actuar con realismo y también con responsabilidad. La estabilidad económica que se ha alcanzado no puede tomarse por un hecho acabado. Además, el país encara retos que se suponían superados en el frente externo. La embestida diplomática del vecino del norte se ha podido contener, pero nada asegura los términos de la renegociación del TLCAN con las decisiones domésticas, como el tema fi scal. México transitará en el futuro inmediato por un terreno pleno de desafíos, oportunidades e incertidumbre. Es preciso que la política no haga malabares con la economía, que las ofertas electorales sean responsables y garantes de estabilidad. Responsabilidad política y certeza frente al populismo y la incertidumbre. Ése es el dilema que deben resolver los ciudadanos.
Para ello, es fundamental el debate entre contendientes y, particularmente, el escrutinio de la sociedad para someter a riguroso examen las promesas de campaña. Pero partamos de que la auditoría ciudadana no es tampoco garantía de un voto informado, como ha quedado de manifiesto en muchas de las elecciones locales y en elecciones emblemáticas recientes, como ha sido el voto del brexit o el plebiscito en Colombia sobre los acuerdos de paz o la elección presidencial estadunidense.
Asimismo, procesar racionalmente la dimensión emocional de la elección es el desafío mayor de la contienda. El arribo de Donald Trump muestra cómo el sistema no es inmune a la seducción populista. Afortunadamente, la fuerza de la economía y la fortaleza de la institucionalidad democrática someten al Presidente al escrutinio social. También la ley impone su condición, lo que conlleva que el mandatario sea responsable por las acciones ilegales a las que pudiera haber incurrido durante su campaña y en el gobierno.
En el caso de México, las campañas necesitan aportar los elementos que permitan a los votantes asumir su condición de ciudadanos informados a la hora de votar. La economía no hace concesiones. Sus reglas nos pueden parecer injustas, desproporcionadas o desiguales, pero no por ello dejan de existir y generar efectos y consecuencias. Será fundamental para el país que la defi nición que se haga sea consecuente no solo con las aspiraciones naturales de renovación y cambio, sino también con la opción con mayor capacidad para encarar los desafíos y las oportunidades que la realidad nos plantea.