SFP ya sancionó a 75 de 468 empleados inhabilitados
DRafael Montes/ e los 468 empleados públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que fueron suspendidos de manera precautoria por falsificar pruebas de supervivencia de adultos mayores, 75 ya fueron sancionados con la suspensión por seis meses y la aplicación de una sanción económica, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Mediante un boletín, la dependencia explicó que en el contexto de las investigaciones emprendidas a partir de la auditoría número 01/2016, iniciada en enero de 2016, respecto del ejercicio 2015, se logró comprobar que los promotores sancionados cometieron irregularidades.
Específicamente, los empleados de Sedesol plasmaron sus huellas dactilares en los lectores biométricos utilizados en el enrolamiento y en la comprobación de la supervivencia de algunos beneficiarios del Programa de Pensión de Adultos Mayores.
Ante ello, la SFP determinó suspender de manera precautoria a 468 servidores públicos, que desempeñaban sus labores en 30 entidades federativas de la República, para continuar con las diligencias correspondientes. “Continúan las acciones para aplicar penalidades a los servidores públicos involucrados”, asegura
Además, la SFP, a través del Órgano Interno de Control, dio vista a la Unidad de Asuntos Jurídicos de Sedesol, quien a su vez presentó denuncia ante la PGR, la cual inició las investigaciones correspondientes contra los promotores y quien resulte responsable, explicó la dependencia.
Agregó que la SFP continúa con las acciones correspondientes para, en su caso, aplicar nuevas sanciones administrativas a los empleados públicos involucrados.
El comunicado de la SFP complementa el emitido por la Sedesol el pasado 9 de diciembre, con el que se informó que se detectaron hechos presumiblemente constitutivos de faltas administrativas y/o conductas delictivas cometidas por personas que tienen como responsabilidad el registro de los adultos mayores en el padrón.
Ante ello, se interpusieron siete denuncias penales ante la PGR y se estudiaban, en ese entonces, las sanciones administrativas.