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Un juez federal rechazó otorgar una suspensión defi nitiva a Manuel Barreiro, medida que permite a la PGR determinar (consignar) la carpeta de investigación que inició contra el empresario y cuatro personas más, que presuntamente triangularon recursos que supuestamente hicieron llegar a Ricardo Anaya, candidato del frente a la Presidencia.
Patricio Leopoldo, juez décimo de distrito de amparo en materia penal, negó la suspensión no solo al queretano, sino también a Juan Pablo Olea Villanueva, Ana Paula Ugalde Herrera, Sergio Reyes García y Juan Carlos Reyes García, quienes promovieron un amparo contra la Seido.
Los quejosos reclamaron que la Seido no les dio respuesta de los escritos presentados el 14 de febrero del presente año, para saber que estatus tienen en las carpetas de investigación PGR/ SEIDO/UEIDCS/342/2015, PGR/ SEIDO/UEIDMS/021/2017, PGR/ UEIORPIFAM/979/2017 y PGR/ UEIORPIFAM/1009/2017.
Como parte de la investigación que se realiza contra Barreiro, se ordenó el aseguramiento de cuentas bancarias de sus empresas Advance Real Estate Advisors, Advance Real Estate 2 y Aspen Partners Invesco II. Contra esta medida, el empresario interpuso amparos.
Al mismo tiempo la PGR realizó diligencias en Querétaro, donde entrevistó a varias personas.
En febrero la procuraduría realizó diversos cateos en propiedades de Barreriro; en enero y diciembre también se revisaron otras propiedades del empresario.
La Seido giró un citatorio contra Barreiro, además de que se emitió una alerta migratoria.
El empresario empezó a ser investigado en octubre pasado, a partir de una denuncia donde se señala que trazó un esquema de triangulación para supuestamente hacer llegar 54 millones de pesos a Anaya.
El panista declaró el domingo pasado que la dependencia fe- deral se ha prestado a la guerra sucia orquestada por el PRI, al omitir “dolosamente” señalar que a quien investigan no es a él, sino a otra persona, y reiteró que el escándalo político producido “arteramente” tiene como propósito manchar su prestigio y beneficiar al candidato del PRI, aunado a que sus adversarios lo aprovechan “con la cobardía que les caracteriza”.
De acuerdo con información de la PGR, el asunto contra Barreiro, que menciona a Anaya se comenzó a investigar, porque dos ex trabajadores del empresario supuestamente revelaron el esquema de triangulación para hacer llegar recursos al panista.
Estas personas solo han sido identificadas como Alberto “N” y Daniel “N”, quienes presuntamente fueron contratados por Barreiro, esto último según el abogado Joaquín Xamán.
El 21 de febrero la PGR informó que el 26 de octubre de 2017 recibió una denuncia sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de lo cual se inició la investigación.
A través de un comunicado, la PGR indicó que el agente del Ministerio Público federal ha llevado a cabo diversas diligencias, como cateos, solicitud de alertas migratorias, bajo el principio de lealtad del Sistema Penal Acusatorio, y citó a diversas personas, quienes acudieron a rendir su declaración. “Dos de las personas citadas solicitaron se les aplique alguna de las figuras jurídicas nuevas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, detalló la institución.
Funcionarios federales consultados puntualizaron que el objetivo de este caso es dar con el paradero del empresario Manuel Barreiro, de quien se presume tiene empresas en México y en Canadá, y en un paraíso fiscal.