Investiga la PGR 7 mil 208 casos de tortura de 2 años
DRubén Mosso/ esde la creación de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, en octubre de 2015, la Procuraduría General de la República ha iniciado 7 mil 208 averiguaciones previas por este ilícito.
La citada unidad depende de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf), la cual, de enero de 2017 a enero del presente año, cumplimentó dos órdenes de aprehensión.
El año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 83 expedientes de queja por tortura y 319 por tratos crueles, inhumanos y degradantes.
MILENIO publicó en enero pasado que de las 81 recomendaciones ordinarias emitidas en 2017 por la CNDH, en nueve se acreditó tortura y en otras tantas se documentaron tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la recomendación 5/ VG; el organismo dijo que a ese número de recomendaciones deben añadirse las ocho emitidas por el Mecanismo Nacional de Sede de la dependencia federal. Prevención de la Tortura.
En respuesta a distintas peticiones de información, la representación social reveló que en la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura se tienen en trámite 4 mil 424 averiguaciones previas y 772 carpetas de investigación, sin precisar en qué estados se registran dichos casos. La PGR mencionó que de 2015 a la fecha, jueces federales han negado a la citada unidad de la Seidf 21 órdenes de captura y se han otorgado 50 órdenes de aprehensión.
La unidad de la subprocuraduría no cuenta con cuerpo policiaco propio, depende de la Policía Federal adscrita a la Agencia de Investigación Criminal.
Antecedentes
En abril de 2016, un juez federal dictó auto de formal prisión contra dos elementos del Ejército e igual número de agentes de la Policía Federal, acusados de torturar a Elvira Santibáñez Margarito, en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, el 4 de febrero de 2015, asunto que fue conocido a través de un video en redes sociales.
La PGR consignó a los militares y a los agentes por su presunta responsabilidad en el delito de tortura.
Previamente, el auto de formal prisión ya había sido emitido contra una agente de la Policía Federal, cuya orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la División de Investigación.
En los últimos años, a la Corte han llegado varios casos donde los sentenciados reclaman que fueron torturados antes y después de la puesta a disposición del Ministerio Público, en la mayor parte de los asuntos, la Corte ordenó reponer el proceso y demandó que se investigue el presunto delito denunciado.
En marzo de 2006, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo y ordenó reponer el procedimiento contra una persona detenida en Tijuana, quien se presume fue torturada por policías de Baja California y militares adscritos a esa región para obligarlo a inculparse como responsable de un cargamento de droga.
Zenón Bastidas fue capturado el 15 de junio de 2011, cuando salió a comprar tortillas junto con su sobrino Christian Roberto Vázquez Bastidas, y de manera repentina fue interceptado por policías estatales; horas después, los agentes los presentaron como responsables de tener en su poder 391 kilos de mariguana.
En enero pasado, el ombudsman Luis Raúl González Pérez consideró que invocar circunstancias especiales o situaciones excepcionales — como tiempo de guerra, invasión o su peligro inminente, perturbación grave de la paz pública, grave peligro, conflicto armado, inestabilidad política interna, suspensión de derechos y sus garantías— no son causas de justificación o excluyentes de responsabilidad del delito de tortura.
Mencionó que los delitos de tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, así como los vinculados, deben ser perseguidos, investigados, procesados y sancionados conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.