Gobierno federal refuta informe de la ONU sobre el caso Iguala
El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, consideró que el Poder Judicial debe excluir del expediente las pruebas obtenidas bajo tortura en la investigación del caso Ayotzinapa. Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó el informe “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”. En respuesta, el gobierno de México dijo estar preocupado por el informe dado a conocer por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ya que el documento no aporta nada nuevo a la investigación.
“Preocupa de manera especial que el Informe de la OACNUDH arroje conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial”, manifestó el gobierno federal. A través de un comunicado conjunto emitido por la secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República, el Estado mexicano puntualizó que este informe se limita a abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes.
En el texto, se menciona que los actos de tortura habían sido cometidos por personal de varias corporaciones: la PGR, la Policía Federal y en algunos casos la Secretaría de Marina; sin embargo, ningún servidor público ha sido consignado por las violaciones a derechos humanos.
El informe se elaboró con base en el análisis de los casos de 34 personas procesadas (33 hombres y una mujer), de sus testimonios la ONU-DH cuenta con “fuertes elementos de convicción de que dichas personas habrían sido sometidas a tortura, así como a otras violaciones de derechos humanos, entre septiembre de 2014 y enero de 2016”.