El TLC y la elección
Ante el calendario probable de una negociación áspera e incierta y los tiempos constitucionales del Senado de la República, todo hace suponer que será el siguiente grupo senatorial, a partir del 1 de septiembre, el que discutirá y aprobará el tratado
El hecho político no es un acontecimiento aislado. No lo es respecto de sus antecedentes, los factores de poder implicados, ni de la ingeniería legal que lo enmarca y que lo hace vigente y mandatorio, como lo es todo hecho político significativo.
Se vive en un intenso proceso electoral en el que se pone a discusión la validez y vigencia de decisiones fundamentales para el país cuya continuidad algunos ponen en duda.
Andrés Manuel López Obrador propone someter a revisión los contratos derivados de la aplicación de la reforma energética. Contratos suscritos con el gobierno de la República, llámese como se llame el presidente en turno y el partido político que está en el poder. Se plantea detener el proyecto, ya en curso, de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México, y se alega, contra todo sentido común y jurídico, que los contratos implicados del proyecto en curso no corren riesgo alguno. Se preservarán algunos logros de la reforma educativa, pero se respaldará a la Coordinadora Nacional de Trabajadores. Se habla de la eventualidad, que pone en duda la eficacia y legitimidad del aparato electoral, de una irregularidad en los comicios del próximo primero de julio que “desamarraría al tigre”. Las posturas anteriores generan dudas e incertidumbre, así como consecuencias inmediatas. Por eso, la calificadora Fitch alerta sobre el retraso, para efectos prácticos, la no aplicación, de las reformas estructurales y, por tanto, del aumento de México en su calificación riesgo-país.
Es época, quizá como nunca, de cuidar las palabras y, llegado el caso, las decisiones. Sin validarlas o invalidarlas en sus propios méritos no pueden olvidarse antecedentes, grupos afectados, repercusiones en múltiples ámbitos. Las decisiones políticas son de consecuencias reales. Si alguna duda hay, está el caso del candidato Trump, a quien no pocos vieron con complacencia bajo la tesis de que cambiaría una vez estando en el cargo. No ocurrió así.
Quedan semanas para discutir en serio, en sus distintas aristas, lo que se ha dicho de la política energética, del aeropuerto de Ciudad de México, de la amenaza que ahora dicen que no fue amenaza respecto del tigre desatado después de la elección presidencial.
Hay situaciones en curso que sería irresponsable ignorar por el futuro del país y que tienen que ver con las actitudes revisionistas que algunos han planteado, que están relacionadas con el comportamiento futuro a corto y mediano plazo del tigre amarrado o desatado; son circunstancias que involucran con la mayor seriedad al interés nacional.
Está en proceso la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA por sus siglas en inglés. El solo nombre, en uno y otro idioma, tiene consecuencias jurídicas y políticas muy diferentes. Para Estados Unidos se trata, por sus siglas en inglés, de un agreement. Para los mexicanos es un tratado, con las consecuencias jurídicas que tiene de acuerdo con el Segundo Párrafo de la Fracción I del Artículo 76 Constitucional. En el país vecino existe alerta porque saben las implicaciones colaterales de un acuerdo de tal naturaleza. La negociación es de gobiernos, el acuerdo es de naciones.
A nadie escapa, se respalde o no el TLC, la importancia que tiene para el modelo mexicano de desarrollo económico y para los fundamentales de la economía en general y familiar, comenzando por el nivel de precios, el tipo de cambio y la tasa de interés.
En los últimos meses hemos visto que las altas y bajas tanto reales como discursivas de las conversaciones parten de esa renegociación. Desde los arranques retóricos del presidente de Estados Unidos contra México, y del maniqueo balance histórico que él hace de 24 años de vigencia del tratado, hasta el anuncio y el informe de los avances concretos de una negociación complicadísima por la materia e intereses en juego.
La parte negociadora mexicana ha sido veraz en el difícil punto medio entre el optimismo irresponsable y el catastrofismo fatalista derivado de una lectura lineal y simple de la historia. Como opinión pública, solo sabemos lo que tenemos que saber ante el necesario sigilo, prudencia y realismo que supone una renegociación con un actor tan poderoso como multifacético, que es Estados Unidos de América. De aquí surge una preocupación que no está en el ánimo mediático: ¿qué sucede si el equipo negociador mexicano consigue la actualización y continuidad del TLC?
Con ese fin exitoso el tema no ha concluido. Ya no. Los tiempos mexicanos no son los de 1994 y la entrada en vigor del TLC. Una negociación exitosa del TLC tendría que ser ratificada por el Senado de la República. El periodo de sesiones ordinario de esta Legislatura concluye el 30 de abril. ¿Habrá tratado negociado sujeto a ratificación para ese entonces? Es improbable por no decir imposible. Es el último periodo ordinario de esta Legislatura. Para la misma no habría condiciones políticas, ni durante el proceso electoral y difícilmente en las semanas inmediatas a la elección, para convocar a un periodo extraordinario que permita al Senado discutir y, en su caso, aprobar el TLC renovado.
Ante el calendario probable de una negociación áspera e incierta y los tiempos constitucionales del Senado de la República, todo haría suponer que será el siguiente Senado, a partir del 1 de septiembre, incluida la mayor o menor parte que le corresponderá al tigre en su integración, discutir y aprobar ese tratado.
Quizá es prematuro minimizar o maximizar el efecto de ciertos cambios que forman parte natural del proceso histórico de una nación y de las alteraciones inherentes a su interacción diaria, sobre todo económica, con la comunidad internacional y con la geopolítica que le condiciona.
Veinticuatro años de TLC arrojan un saldo positivo. Simplemente, la reducción de la tasa de inflación no se habría logrado sin la apertura comercial. Contra muchos pronósticos, no se puede descartar que la parte mexicana logre su cometido de revitalizar al tratado y que éste continúe y se amplíe en los próximos años. Si ese fuese el caso, está en manos de un todavía incierto Senado si se antepondrá la inteligencia y la frialdad, ajena a prejuicios y traumas, como expresión de una verdadera posición patriótica. Nadie parece tomarlo en cuenta hoy, pero eso dependerá de los electores y los elegidos.
Veinticuatro años del pacto trilateral arrojan un saldo positivo para nuestro país