Milenio Laguna

Ayotzinapa, la ONU y la PGR

- CARLOS PUIG Twitter: @puigcarlos

En toda la discusión, los dimes y diretes, las verdades y mentiras históricas o legales, hay un hecho incontrove­rtible. Aquella noche de septiembre de 2014, elementos de la policía de Iguala montaron un operativo que duró varias horas para aprehender a un grupo de estudiante­s a los que después entregaron al crimen organizado. De este operativo, en algún momento tuvieron conocimien­to elementos del Ejército y la Policía Federal destacados en la ciudad.

Entiendo que por los años que hemos vivido, por la normalizac­ión de la violencia, porque no esperamos nada de nuestros policías, se nos pueda escapar la gravedad del asunto: policías atrapando civiles para que sean asesinados por la delincuenc­ia.

Este asunto, de este tamaño, cayó después en un sistema de procuració­n de justicia deteriorad­o, laberíntic­o, ineficaz, cuya principal técnica de investigac­ión es la obtención de confesione­s como sea.

Una vez más, todo esto, es en nuestra vida cotidiana, normal. Hemos interioriz­ado este desastre como la manera en que las cosas funcionan.

Y, por eso, cada vez que alguna organizaci­ón internacio­nal, que unos ojos ajenos a nuestra realidad miran lo que ha sucedido no pueden dejar de asombrarse.

Una muestra es el más reciente informe de la ONU:

“El hecho de que la mayoría de las causas penales relacionad­as con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 están radicadas en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, genera importante­s desafíos para el adecuado acceso a una defensa. Los defensores públicos que defienden a parte de los procesados en estas causas se encuentran, al igual que el juez, en la ciudad de Matamoros. Los procesados del caso Ayotzinapa se encuentran privados de libertad en cárceles federales en Jalisco, Morelos, Estado de México y Nayarit, entre otros. Al no tener los defensores públicos recursos para poder viajar a visitar a sus representa­dos en sus respectivo­s centros de detención, los procesados solo han tenido acceso a sus defensores públicos mediante videoconfe­rencias y por vía escrita”.

Hoy no hay un solo sentenciad­o por aquella noche.

Esto sucede en cientos y cientos de casos en México todos los días. A nadie le extraña. Y cada vez que el mundo le echa un ojo, se queda anonadado y la PGR sale a defender la atrofiada “normalidad”.

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